Fiscalía abre investigación contra tres miembros de la JNJ por presuntas presiones para favorecer a Ávalos

La semana pasada dos medios de comunicación denunciaron que tres miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) habrían presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, para que su institución emita un pronunciamiento en respaldo a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por el Congreso de la República.

Estos tres magistrados serían: Imelda Tumialán Pinto (presidenta de la JNJ), Antonio de la Haza y María Zavala.

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Tras conocerse esta noticia, la Fiscalía de la Nación decidió iniciar una investigación preliminar, por un plazo de 90 días, contra estos tres magistrados por el presunto delito de patrocinio ilegal, según informó el diario El Comercio.

El despacho de Patricia Benavides acogió la denunciada presentada por el ciudadano Nilton Flores Berrospi, quien solicitó que este tema sea visto con urgencia. La decisión fue tomada ayer y hoy día se notificó a las partes involucradas.

A través de un comunicado, la JNJ rechazó lo señalado en los medios de comunicación, así como negaron que sus integrantes hayan tenido comunicación o contacto directo con los magistrados de la Corte Suprema antes de emitir su decisión en el caso de Ávalos.

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“La JNJ rechaza tajantemente que sus miembros hayan tenido comunicación con algún integrante de la Corte Suprema de Justicia para votar a favor de un pronunciamiento sobre el caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como informan dos medios de comunicación”, escribió la JNJ en su cuenta de Twitter.

Más temprano, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra Tumialán, De la Haza y Zavala por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo.

Para Chirinos, los tres miembros de la JNJ habrían infringido los artículos 38,39 y 43 de la Constitución Política, por lo que solicitó que sean inhabilitados para ejercer la función pública por el plazo de 10 años.

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