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El Ministerio Público citó para este miércoles 31 de mayo a la presidenta Dina Boluarte a fin de que declare por las muertes registradas durante las protestas en contra de su Gobierno, y que tuvieron un principal impacto en algunas regiones, como Puno, Ayacucho y Apurímac.
La convocatoria a la jefa de Estado se da luego de que el Poder Judicial declarara fundada, en parte, la tutela de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE), que buscaba ser incluida en la indagación.
Hace unas semanas la Fiscalía había decidido suspender el interrogatorio de la mandataria hasta que el recurso presentado por la Procuradoría sea resuelta por el juez supremo Juan Carlos Checkley, algo que ya fue resuelto.
Como se recuerda, el pasado 10 de enero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra la presidenta por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, tras las muertes reportadas en las manifestaciones desde diciembre del 2022 a enero de este año en seis regiones.
¿La presidenta acudirá a la citación?
En diálogo con RPP, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, informó que su patrocinada acudirá a la Fiscalía en la fecha mencionada para rendir su manifestación.
“Por supuesto (que acudiremos), ella y su defensa. Nosotros hemos buscado esta declaratoria, que la recibimos con la vocación de terminar este capítulo que no debería existir porque no corresponde a un presidente de la República, que es una autoridad constitucionalmente establecida, estar investigado por este delito”, señaló tras precisar que no es responsable mantener a la jefa de Estado en una investigación de este tipo.
Para el abogado, la indagación de los fallecidos en las protestas se debe realizar caso por caso, por lo que consideró que a la presidenta no le alcanzaría ninguna responsabilidad jurídica.
“La CIDH ha ordenando que se investigue en sede nacional, caso por caso, y ciertamente esa es una responsabilidad jurídica que, de ninguna manera, va a alcanzar a la presidenta. Una vez que se investigue esa situación, corresponderá investigar otro tipo de responsabilidades, que también la rechazamos”, acotó.
Respecto a la demora en las pesquisas, Campos agregó que el Ejecutivo ha hecho público su exhortación para que esta investigación se lleve de la mejor manera y que cada institución haga su tarea.
“Hay que buscar la verdad, en respeto a las víctimas”, dijo tras precisar que buscarán definir rápidamente este asunto al considerar que no tiene sentido la indagación en contra de su clienta.
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