(Foto: USI)
(Foto: USI)

Como parte de la investigación judicial contra la expareja presidencial, y , el Ministerio Público viene desplegando un intenso operativo - de la mano con la Policía Nacional - para incautar las propiedades del exmandatario y su esposa.

¿Qué generó la decisión del fiscal Germán Juarez Atoche, a cargo de la indagación? Básicamente, la incautación de los cinco inmuebles de los Humala Heredia se sustenta en que estas propiedades fueron - de acuerdo a la Fiscalía - adquiridos con el dinero entregado a la expareja por la constructora Odebrecht y OAS.

Como se recuerda, la brasilera le entregó dinero a - según contó el representante de Odebrecht en Perú,  Jorge Barata, a la Fiscalía - para la campaña presidencial del año 2006. Así, según las indagaciones del Ministerio Público los bienes incautados fueron adquiridos presuntamente con dinero ilícito.

Por lo que estas propiedades pasarán al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

En total son cinco las propiedades incautadas. Estas son: la casa de la pareja ubicada en el jirón Castrat del distrito de Surco y en donde vive junto a sus menores hijos, así como los inmuebles ubicados en avenida Loma Hermosa (Surco), Jr. Velero (La Molina), calle Los Safiros (La Victoria) y en Lurín. 

La fiscalía también dispuso la incautación de tres vehículos de Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia; uno de Rocío Calderón Vinatea; la mejor amiga de la esposa de Humala; y otro del Partido Nacionalista Peruano. 

El Ministerio Público fundamentó su decisión en el informe de la UIF sobre las cuentas de , la misma indica que la compra de la casa de Surco no se encuentra justificada, por ejemplo.

Después de la campaña electoral del 2006, Heredia acudió al Banco de Crédito del Perú (BCP) para obtener un crédito hipotecario con el objetivo de comprar una casa en la urbanización Chama (Surco) valorizada en US$ 160,000.

Para justificar el pago del préstamo, entregó al BCP copias de los contratos con Centros Capilares – empresa del empresario Martín Belaúnde Lossio –, el diario venezolano Daily Journal y con Arturo Belaúnde Guzmán. La UIF determinó que esos contratos fueron ficticios.