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La recientes acciones cometidas por el procurador general del Estado interino, Javier Pacheco, no pasaron desapercibidas en el Ministerio Público.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) un informe sobre “posibles actos obstruccionistas” por parte de Pacheco, quien en la víspera desactivó la Unidad de Defensa Jurídica especializada contra altos funcionarios.
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En un oficio remitido al fiscal Freddy Niño Torres, se le pide que se disponga la elaboración de un informe por considerar que se podría estar obstruyendo los procesos que se encuentra en etapa de juicio oral.
Precisamente, lo concerniente a los casos Metro de Lima, Interoceánica Sur, Cocteles (Keiko Fujimori) y el No a la revocatoria de Susana Villarán.
“Lo solicitado es en atención a la información de carácter público que da cuenta de los posibles actos de obstrucción e interferencia con el sistema de administración de justicia que viene cometiendo Javier Pacheco Palacios, tal como la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra altos funcionarios de la Procuraduría General del Estado (...) a partir de su designación como procurador general del Estado interino”, se lee en el documento.
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¿De qué se le critica a Javier Pacheco?
La semana pasada el Gobierno designó a Pacheco como nuevo procurador general del Estado interino tras la suspensión de Daniel Soria, quien en noviembre fue suspendido en el cargo mientras dure el proceso disciplinario en su contra.
Una de las decisiones de Pacheco fue la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra Altos Funcionarios, el pasado 22 de diciembre.
El procurador justificó dicha medida al alegar una supuesta “indebida contratación” de 18 personas.
En un comunicado, indicó que al asumir el encargo se ha evidenciado “indebida duplicidad” de funciones y actos irregulares en la gestión administrativa dentro de dicha instancia y la Unidad de Funcional de Articulación Territorial.
Por ello, la PGE solicitó de forma urgente la intervención de la Contraloría General de la República, a fin de que disponga las acciones de control respectivas y determine las responsabilidades de ley.
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