FOTO 5 | 5. "Te paso una copia del proyecto en el que estoy trabajando con mi equipo. Me encantaría recibir tu opinión " "A menos que tu jefe diga que está bien compartir un proyecto, guarda los documentos referentes para ti o para los miembros específicos del equipo", dice Jill Tipograph, cofundadora de Early Stage Careers. Compartir inadvertidamente información confidencial o de propiedad intelectual de tu empresa puede parecer un error inocente, pero puede ser motivo de despido. "A los millennials en particular les gustan los temas colectivos, incluso cuando se trata de un asunto de toma de decisiones", señala Tipograph. "Pero preguntarle a tu amigo quién también se dedica a ventas (por decir algo) cómo resolver un problema de un cliente no es permisible". (Foto: Difusión)
FOTO 5 | 5. "Te paso una copia del proyecto en el que estoy trabajando con mi equipo. Me encantaría recibir tu opinión " "A menos que tu jefe diga que está bien compartir un proyecto, guarda los documentos referentes para ti o para los miembros específicos del equipo", dice Jill Tipograph, cofundadora de Early Stage Careers. Compartir inadvertidamente información confidencial o de propiedad intelectual de tu empresa puede parecer un error inocente, pero puede ser motivo de despido. "A los millennials en particular les gustan los temas colectivos, incluso cuando se trata de un asunto de toma de decisiones", señala Tipograph. "Pero preguntarle a tu amigo quién también se dedica a ventas (por decir algo) cómo resolver un problema de un cliente no es permisible". (Foto: Difusión)
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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública hizo público su informe anual del 2017 y detalló que en ese período requirió información a 2,126 entidades, de las cuales 655 cumplieron con remitirla, lo que representó el 31% de cumplimiento.

Entre las entidades públicas que han remitido información a la Autoridad figuran 19 ministerios, 525 gobiernos locales, 19 gobiernos regionales, 50 universidades, 33 empresas bajo el ámbito del Fonafe, siete organismos constitucionales autónomos, el Poder Legislativo y la Academia de la Magistratura (adscrita al Poder Judicial).

Las 655 entidades que cumplieron con remitir información reportaron haber recibido 193,463 solicitudes, de las cuales atendieron el 96% (185,619). El nivel de solicitudes no atendidas es de 4%.

En el año 2016, un total de 1,220 entidades reportaron 209,913 solicitudes recibidas, lo que equivale a un promedio de 172 solicitudes por entidad. En el año 2017, este promedio asciende a 295 solicitudes por entidad. “Proporcionalmente, el número de solicitudes de acceso a la información continúa incrementándose”, señala el documento.

Sin embargo, las entidades que registran porcentaje más alto de incumplimiento de remisión de información a la Autoridad en el 2017 son los gobiernos locales y las universidades.

Sin embargo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, no remitieron la información requerida, así como los Gobiernos Regionales de Ancash, Cusco, Huánuco, Ica, Loreto y de Madre de Dios y la empresa pública Electro Noroeste.

Las entidades que registran el porcentaje más alto de solicitudes no atendidas son los gobiernos locales: 10%, porcentaje superior al promedio de 4% para todas las entidades de la Administración Pública. En contraste, las entidades que registran el porcentaje más bajo son los ministerios con 1.43%.

Respecto a la información solicitada con frecuencia, se identificó que durante el 2017 las entidades de la administración pública reciben principalmente solicitudes de acceso a la información en relación a documentos de gestión y administración de la entidad, procesos de selección y contratación de bienes y servicios, ejecución de obras e información de personal.

Sobre los motivos para la no atención de solicitudes, se constató que estos ocurren debido a situaciones generadas por los solicitantes de acceso a la información – el solicitante no recoge la información o no realiza el pago de reproducción, entre otros –, así como por las entidades de la administración pública – el área usuaria no entregó la información al responsable de acceso a la información, entre otros –.

En relación a las acciones implementadas y buenas prácticas, se identificó que en el 2017, principalmente están referidas a la emisión de normativa interna respecto el procedimiento de acceso a la información pública, capacitaciones a los funcionarios/as y a la ciudadanía y el sistema de control de solicitudes de acceso a la información pública en trámite documentario.

En el 2017, en relación a las necesidades de las entidades de la administración pública, se constató que estas identifican como necesarias acciones destinadas a mejorar la capacitación a sus funcionarios/as y servidores públicos y a la ciudadanía; así como implementar sistemas y establecer procedimientos institucionales que mejoren el seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública consideró indispensable que se implemente una estrategia para incrementar el número de reportes remitidos por las entidades de cara a los siguientes informes anuales.

También sugirió que se instituya un canal permanente de comunicación con los funcionarios responsables de acceso a la información pública de las entidades, a fin de absolver sus consultas en torno a la aplicación de la normativa de transparencia y acceso a la información pública en la tramitación de las solicitudes ciudadanas.

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