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La semana pasada dos medios de comunicación denunciaron que tres miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) habrían presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, para que su institución emita un pronunciamiento en respaldo a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por el Congreso de la República.
Estos tres magistrados serían: Imelda Tumialán Pinto (presidenta de la JNJ), Antonio De la Haza y María Zavala.
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Tras conocerse esta noticia, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra estos tres magistrados por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo.
Para Chirinos, los tres miembros de la JNJ habrían infringido los artículos 38,39 y 43 de la Constitución Política, por lo que solicitó que sean inhabilitados para ejercer la función pública por el plazo de 10 años.
A través de un comunicado, la JNJ rechazó la denuncia presentada en contra de sus tres magistrados al señalar que ningún integrante del pleno de la institución ha sostenido conversación con Arévalo o ha ejercido presión para promover una posición favorable a la exfiscal de la Nación.
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“Tampoco ha ocurrido ello respecto de algún otro integrante de la Corte Suprema de Justicia. La JNJ respeta plenamente la separación de poderes propia de nuestro ordenamiento constitucional y defiende la independencia de los jueces y fiscales del país”, se le en el texto.
La JNJ condenó que en base a afirmaciones falsas de una fuente no identificada publicadas en dos medios de comunicación que no han cumplido con el rigor periodístico de verificar su autenticidad, una legisladora (Patricia Chirinos) construya argumentos para denunciar constitucionalmente a tres miembros de esta institución.
En otro momento, recordaron que la junta tiene la facultad de nombramiento, ratificación y control disciplinario de todos los jueces y fiscales del país, entre los cuales algunos integran el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los jurados especiales electorales constituidos para cada proceso electoral o consulta popular.
Similar facultad, añade el comunicado, tiene la JNJ respecto de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). No obstante, advirtieron presuntas maniobras para afectar sus funciones constitucionales.
“Al respecto, la JNJ llama la atención sobre hechos que no parecen ser fortuitos, sino responden a objetivos que buscan afectar sus funciones constitucionales y, con ello, la institucionalidad del país”, finalizó.
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