Todo indica que Fuerza Popular tendría el mismo destino que el del Partido Nacionalista, sobre el cual pesa un pedido de disolución por parte del fiscal Germán Juárez por presunto financiamiento de Venezuela y Odebrecht a las campañas de Ollanta Humala en el 2011 y 2016.
Gestión accedió a la resolución completa del juez Víctor Zúñiga en la que declaró fundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incorporar al partido Fuerza Popular como persona jurídica en la investigación del caso Odebrecht.
En el artículo 13 de la página cuatro del documento, el fiscal afirma que es necesaria la incorporación de la organización política por su “peligrosidad potencial”.
En este párrafo, el magistrado ya evalúa pedir en el futuro la disolución y liquidación de Fuerza Popular tomando como base el caso del Partido Nacionalista.
“Según el artículo 105 numeral 2 del Código Procesal Penal corresponderá como consecuencia accesoria la disolución y liquidación del partido Fuerza Popular, en la resolución del Partido Nacionalista”, se lee en el documento.
El caso Humala - Heredia
A renglón seguido, Pérez señala que “no se incorpora a una persona jurídica a un proceso por cuanto no existe un riesgo actual, serio e inminente, por lo que se debe tener en cuenta que a Ollanta Humala y Nadine Heredia se les imputa hechos que involucran al Partido Nacionalista en cuanto al dinero utilizado en la campaña del 2011”.
Añade que es por ello que los representantes de Fuerza Popular, al igual que el nacionalismo, podrían volver a utilizar el partido para captar dinero de procedencia ilícita en futuras elecciones.
“El financiamiento con activos ilícitos de parte de Odebrecht al partido Fuerza Popular es un modo de criminalidad de blanqueo de capitales que ha sido reconocido en la doctrina y que agravia la voluntad popular”, reza el oficio de 15 páginas.
¿Lavado en el tiempo?
En la hoja 9 del documento, Pérez afirma que existe una organización criminal constituida dentro del partido Fuerza Popular, con la finalidad de obtener poder político y para ello recibir dinero ilícito proveniente de actos de corrupción de la empresa Odebrecht, para la campaña del 2011.
Según el fiscal, esta es una modalidad de blanqueo de dinero que ha permanecido en el tiempo, pues lo mismo sucedió en la campaña del 2016.
“Se ha establecido que esta organización legal, que fue registrada ante la autoridad electoral, (actuaba como) una organización política de facto en la que existían niveles de ejecución para llevar a cabo la voluntad criminal”, anotó Pérez.
Reacciones
El abogado penalista Carlos Caro señaló a este diario que la tesis fiscal es que la persona jurídica, en este caso el partido fujimorista, fue utilizado para cometer el delito de lavado de activos.
“Para la Fiscalía, el partido es un ente peligroso, una persona jurídica criminal. Sin embargo, aún no está probado. Es solo una imputación del fiscal Pérez”, manifestó.
Sostuvo que la intención del Ministerio Público es pedir la disolución de la organización política, pero eso recién lo podrá solicitar al Poder Judicial cuando presente la acusación contra Keiko Fujimori y otros investigados.
“El tema de fondo se discutirá en el juicio oral”, anotó. No obstante, Caro señaló que si el fiscal Pérez lo decide podría solicitar una medida anticipada contra el partido como una clausura temporal.
En corto
Apelación. El abogado del partido Fuerza Popular, Juan Carlos Alarcón, indicó que ya apeló la decisión del juzgado de incluir a Fuerza Popular en la investigación contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos. Se espera que la audiencia sea convocada en las primeras semanas de enero.
- Recepción. Para el fiscal José Domingo Pérez está probado que Keiko Fujimori tenía conocimiento de los aportes de Odebrecht.
- Apariencia. El testigo protegido 2017-55 señaló que Fujimori empleó el partido para sus fines delictivos.
- Pitufos. Cinco testigos señalan que Jorge Yoshiyama y Miguel Castro fueron captadores de falsos aportantes.