José Graña aseguró que continuará "declarando con la fiscalía en este y otros casos" en los que esté implicado. (Foto: Francisco Neyra / GEC)
José Graña aseguró que continuará "declarando con la fiscalía en este y otros casos" en los que esté implicado. (Foto: Francisco Neyra / GEC)

El fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Richard Concepción 36 meses de impedimento de salida del país para José y Hernando Graña por los sobornos que pagó la constructora Odebrecht por el tramo 1 del Metro de Lima.

Al iniciar su exposición, Pérez recordó que había pedido prisión preventiva para ambos empresarios, pero retiró la solicitud, ya que los primos Graña se .

Para fundamentar su pedido, el fiscal citó las declaraciones de Jorge Barata y Carlos Nostre, quienes confirmaron que los exdirectivos de Graña y Montero habrían participado en ilícitos.

Por ejemplo, indicó que cuando le preguntó a Jorge Barata si sabía sobre los sobornos pagados por el Metro de Lima, este respondió: “Sí, tanto así que pagó”.

Pérez le consultó a Barata si el empresario tenía como práctica el pago de sobornos. El colaborador eficaz brasileño indicó “no tengo la menor duda de eso.”

Respecto a Hernando Graña, Pérez manifestó que cuando le preguntó a Barata si el investigado tenía conocimiento del pago de coimas, este respondió: “Entiendo que sí, no recuerdo haber tratado con él (…) Con José Graña tenía un diálogo mayor. Si hablaba con José, no hablaba con Hernando”.

En otro momento, el fiscal citó el testimonio de Carlos Nostre Junior, quien señaló que el concepto de “riesgos adicionales” significaba el ropaje de sobornos para José y Hernando Graña.

Además, dio cuenta como otro elemento de convicción el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht que fue homologado por la jueza María Álvarez el pasado 17 de junio.

En este documento, la empresa brasileña y Jorge Barata admiten el pago de coimas en cuatro proyectos, entre ellos el Metro de Lima.

Pérez señaló que la pena a imponerse para los imputados podría llegar hasta los 11 años de prisión en una eventual condena.

Finalmente, el magistrado solicitó un pago de caución de S/1 millón para ambos investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.