El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial la suspensión por tres años de Fuerza Popular, en el marco de la investigación que sigue contra Keiko Fujimori por los presuntos aportes de Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016.
Así lo reveló a Gestión, el abogado de la organización política, Juan Carlos Alarcón.
Indicó que el juez Víctor Zuñiga del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria había programado para hoy la audiencia en la que se iba analizar el pedido fiscal de incluir a Fuerza Popular como persona jurídica en la investigación.
Sin embargo, según dijo, la Fiscalía presentó una solicitud al juzgado para suspender la audiencia y se realice una reprogramación.
“Nos acercamos al Poder Judicial y nos dijeron que la Fiscalía fundamentó su pedido. La nueva fecha de la audiencia es el 7 de noviembre, pero aún no hemos sido notificados”, anotó.
Hipótesis fiscal
Para el fiscal Pérez, Fuerza Popular sería una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político a través de su participación en las elecciones del año 2011.
Para este fin, según Pérez, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que el partido recibiera un aporte de US$1.2 millones de Odebrecht dinero que provenía de actos de corrupción.
A cambio de este aporte, de llegar al poder, Fujimori y el partido entregarían a la constructora brasileña "la ejecución de obras sobrevaloradas; en el Poder Legislativo, beneficios normativos, ineficacia en el control o fiscalización y algún tipo de interferencia o favorecimiento judicial”.
“Esto se ocultó a través de actividades proselitistas como los cócteles o las campañas para recaudación de fondos”, señaló Pérez en distintas audiencias.
¿Qué dice la defensa?
Al respecto, Alarcón indicó que los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori “no sería una razón justificable” para incluir a Fuerza Popular como persona jurídica en la investigación.
“¿Acaso se ha acreditado que el dinero que venga de la Caja 2 sea lícito o ilícito? Las declaraciones de los exdirectivos como Jorge Barata no establecen ello. No saben si el dinero era ilícito. Por lo tanto, ¿cómo podemos acreditar un ilícito penal?”, cuestionó Alarcón.
Respecto al pedido del fiscal Pérez de suspender por tres años al partido Fuerza Popular dijo que eso se recién debatirá en caso la investigación pase a acusación.
“Si hay acusación, el juez tendrá que hacer un control de acusación y ahí nos defenderemos para no ser juzgados. Dependerá del juez si hace suyo el pedido fiscal cuando dicte sentencia”, explicó.
¿Y la reparación civil?
Al ser consultado ante si ante una eventual condena del partido Fuerza Popular, tendrá que pagar una cifra de reparación, Alarcón dijo que sí.
“Se pagaría la reparación civil solidariamente con quienes fueran condenados”, manifestó.
El letrado sostuvo que el fiscal no ha dicho que “Fuerza Popular sea parte de la presunta organización criminal, sino que fue utilizado”.
En este caso, le correspondería a la Procuraduría de Lavado de Activos, encabezada por Miguel Sánchez Mercado, solicitar el monto correspondiente al pago de la reparación civil.