Casación de Keiko Fujimori: Corte Suprema aún no toma decisión por discordia entre jueces

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, todavía seguirá cumpliendo prisión preventiva, ya que la Corte Suprema anunció que hasta la fecha, la Sala Penal Permanente no ha llegado a una conclusión sobre la casación que busca su libertad.

El juez supremo Hugo Príncipe, en la audiencia que había sido anunciada para esta mañana, detalló que hay “discordia” entre las opiniones de los jueces, ya que dos de ellos están a favor de rechazar la casación, mientras que otros tres opinan que debería reducirse el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses.

"Se ha producido discordia entre los votos de los señores Sequeiros Vargas y Pacheco Huancas, quienes se pronuncian porque se declare infundadas las casaciones", indicó el magistrado.

“Por otra parte, los señores Castañeda Espinoza, Chávez Mella y Príncipe Trujillo se pronuncian porque se declare fundada en parte y casaron en cuanto al plazo de prisión preventiva de 36 meses a 18 meses”, añadió.

Debido a esto, anunció que no se ha formado resolución y que, según el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la casación seguirá su trámite.

Keiko Fujimori está cumpliendo una orden de prisión preventiva desde el 31 de octubre del 2018, cuando el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho admitió el pedido del Ministerio Público, a través de José Domingo Pérez, al considerar que había riesgo de obstrucción a la justicia.

El fiscal Pérez reveló, en dicha audiencia, testimonios de testigos protegidos que implicaron a Keiko Fujimori, abogados y otras personas vinculadas a Fuerza Popular en la presunta recepción de dinero ilícito de parte de Odebrecht, así como en diligencias que buscaban cambiar la versión de falsos aportantes en beneficio de la excandidata presidencial.

En enero de este año, la Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó los 36 meses de prisión preventiva porque el tribunal consideró que se habían confirmado elementos suficientes de que se habría cometido el delito de lavado de activos bajo la modalidad de organización criminal, entre otros elementos.