La inmunidad parlamentaria que gozan los 130 excongresistas finalizan mañana, por lo que los exlegisladores, en algunos casos, no tendrán ninguna protección.
La inmunidad parlamentaria que gozan los 130 excongresistas finalizan mañana, por lo que los exlegisladores, en algunos casos, no tendrán ninguna protección.

Mañana se cumplen 30 días desde que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República.

Pero esta fecha también marcará el fin de la inmunidad parlamentaria que gozan los exlegisladores, y que les impedía ser arrestados o procesados por la justicia ordinaria, como cualquier ciudadano.

De acuerdo al artículo 93 de la Constitución, los congresistas “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Parlamento o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”.

Gestión supo que al menos 25 integrantes del Congreso disuelto afrontan una investigación en el Ministerio Público, ya sea por presuntos delitos comunes cometidos antes del ejercicio de sus funciones o durante el mismo.

Pero, ¿qué excongresistas podrían ser procesados mañana mismo, y en el peor de los casos, detenidos?

Los casos de Ponce, Mamani y Ananculí

Los exlegisladores Yesenia Ponce (PpK), Betty Ananculí y Moisés Mamani (ambos de Fuerza Popular) tienen dos cosas en común.

Vienen siendo investigados por la Fiscalía por presuntamente haber cometidos delitos antes del ejercicio de su función (2006), así como no forman parte de la Comisión Permanente, que podría haber sido su salvavidas por unos meses, como explicaremos más adelante.

En el caso de Ponce, el Poder Judicial pidió al Congreso que se le levante la inmunidad parlamentaria para que pueda ser procesada por presuntamente haber mentido en su hoja de vida que presentó ante el JNE; sin embargo, el Pleno nunca aprobó la solicitud.

Yesenia Ponce, exlegisladora de PpK, perderá mañana su inmunidad parlamentaria, por lo que podría ser arrestada si así lo decide el Ministerio Público y el Poder Judicial. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Yesenia Ponce, exlegisladora de PpK, perderá mañana su inmunidad parlamentaria, por lo que podría ser arrestada si así lo decide el Ministerio Público y el Poder Judicial. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

La situación de Mamani y Ananculí es similar. Ambos son investigados por presuntamente haber mentido en su hoja de vida respecto a sus estudios.

Para el constitucionalista Víctor García Toma, la situación de los tres exparlamentarios es complicada debido a que ya no están en el ejercicio de la función pública.

“La inmunidad ya no aplicaría para aquellos congresistas que mintieron en sus hojas de vida y que no están en la Comisión Permanente. A partir del 30 (de octubre), el Poder Judicial ya no requerirá autorización de nadie para procesarlos o detenerlos”, acotó.

El “salvavidas” llamado Comisión Permanente

Sin embargo, hay otro grupo considerable de congresistas que se salvarán, por unos meses, al formar parte de la Comisión Permanente, ya sea en condición de titulares o suplentes.

García Toma explicó que para aquellos legisladores que integran este órgano del Parlamento, que no se disolvió, la inmunidad les alcanza hasta 30 días después de la instalación del nuevo Congreso. Es decir, hasta marzo o abril del 2020.

Luego de ello, el constitucionalista explicó que, al igual que los casos de Mamani, Ponce y Ananculí, podrían ser procesados o arrestados, si así lo considera pertinente la Fiscalía y el Poder Judicial.

Pero, ¿cuántas personas integran este selecto grupo? Gestión supo que al menos 17 legisladores que están en la Comisión Permanente afrontan una investigación ante la Fiscalía, como por ejemplo, Javier Velásquez Quesquén (Apra), Richard Acuña (APP), Karina Beteta (Fuerza Popular), etc.

De estos 17 legisladores, solo uno es investigado por supuestamente haber delinquido antes de su elección. Se trata del legislador fujimorista Héctor Becerril, investigado por presuntamente integrar la organización criminal “Los Wachiturros de Tumán”.

En el caso de Becerril, en marzo o abril del 2020 perdería cualquier inmunidad o prerrogativa, a diferencia de los otros 16 congresistas

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, es investigado por el Ministerio Público por presuntamente integrar la organización criminal "Los Wachiturros de Tumán". Al ser miembro de la Comisión Permanente, perderá su inmunidad recién en marzo o abril del 2020.
El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, es investigado por el Ministerio Público por presuntamente integrar la organización criminal "Los Wachiturros de Tumán". Al ser miembro de la Comisión Permanente, perderá su inmunidad recién en marzo o abril del 2020.

El antejuicio y los cinco años

De acuerdo a fuentes de Gestión, cuatro excongresistas vienen siendo investigados por la Fiscalía por presuntos delitos cometidos antes de su elección, y 21 por delitos perpetrados durante el ejercicio del mismo.

García Toma explicó que para aquellos altos funcionarios que habrían cometidos delitos en el ejercicio de sus funciones, como ocurre con estos 24 parlamentarios, le asiste el derecho del antejuicio, que los protege por cinco años.

En este selecto grupo de legisladores destacan los casos de Edilberto Curro y Roberto Vieira.

Si bien Curro, quien es investigado por haber aprobado irregularmente un ciclo de la carrera de derecho en la Universidad de Puno estando en funciones, no forma parte de la Comisión Permanente, por lo que debería perder su inmunidad mañana, su antejuicio aún lo protege debido a que el Pleno nunca se lo levantó.

El caso de Vieira es similar. El exlegislador, que no forma parte de la Permanente, es acusado de cometer presunto tráfico de influencias al interior del Produce; sin embargo, no puede ser arrestado o detenido hasta que no le levanten la inmunidad.

Pero, ¿estos 24 legisladores tendrán inmunidad hasta el 2025? La respuesta es no.

García Toma explicó que el nuevo Congreso, que entrará en funciones entre marzo o abril del 2020, podría levantarles el antejuicio parlamentario en cinco o seis meses, por lo que no habría que esperar otros cuatro años más.

El constitucionalista Víctor García Toma explicó que el nuevo Congreso podría levantar el antejuicio político a estos 24 parlamentarios que son investigados por cometer delitos durante el ejercicio de su función en seis meses, y ya no esperar cuatro años. (El Comercio / Paco Sanseviero)
El constitucionalista Víctor García Toma explicó que el nuevo Congreso podría levantar el antejuicio político a estos 24 parlamentarios que son investigados por cometer delitos durante el ejercicio de su función en seis meses, y ya no esperar cuatro años. (El Comercio / Paco Sanseviero)