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El Poder Judicial declaró fundado el pedido para incorporar a las empresas Línea Amarilla S.A.C y OAS S.A. Surcursal Perú, al caso que involucra a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, a fin que sean consideradas como parte investigada, no solo para afrontar responsabilidades indemnizatorias directas, sino también para afrontar sanción penal.
De esta manera recogió el pedido del Equipo Especial Lava Jato, que sostiene que existen vínculos que conectan a las personas jurídicas con acciones de facilitación, favorecimiento o encubrimiento del hecho punible, habiendo sido instrumentalizadas para la comisión de los delitos materia de investigación, así lo informó el Ministerio Público.
Se investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tales como colusión, negociación incompatible y cohecho, ocurridos durante la gestión de Villarán de la Puente, que se habrían suscitado dentro del periodo del 2011 al 2014.
La tesis de la fiscalía es que en los hechos ilícitos habrían tenido participación, funcionarios de la Municipalidad de Lima y, en calidad de particulares, representantes de la empresa Línea Amarilla S.A.C. y Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú, vinculados a la etapa de ejecución del proyecto Línea Amarilla.
El juzgado determinó que, dado el alto grado de probabilidad de vinculación de la empresa Línea Amarilla S.A.C. (LAMSAC) con los hechos investigados, debe primar la función del estatal de erradicar la corrupción”.
Sobre OAS, indicó que al existir un alto grado de probabilidad de vinculación de los hechos delictivos con la empresa, resulta necesaria su incorporación al proceso penal.
En el 2019 Susana Villarán admitió haber recibido aportes de empresas como Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra su revocatoria en 2013.