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La Comisión Permanente del Congreso verá este miércoles, 10 de abril, la denuncia constitucional 448, contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por presunta infracción a los artículos 39 y 118 de la Constitución, así como por el delito de tráfico de influencias por el caso “Los Intocables de la Corrupción”.
Se tiene previsto que dicha instancia legislativa otorgue a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final respecto a este caso.
El caso detalla que el exmandatario sería el presunto líder de la organización criminal ‘Los Intocables de la Corrupción’, quien habría direccionado licitaciones públicas y contrataciones directas para beneficiarse económicamente.
Según el informe aprobado previamente por la subcomisión, estas irregularidades se realizaban a través de contrataciones fraudulentas en Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
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La Comisión Permanente verá denuncia constitucional contra Katy Ugartev
La Comisión Permanente también verá la denuncia constitucional 464 presentada contra la legisladora Katy Ugarte (No Agrupados), acusada de recortar sueldos a los trabajadores de su despacho.
Como se recuerda, Ugarte Mamani es acusada del presunto delito de concusión, ilícito penal previsto en el artículo 382 del Código Penal, en agravio del Estado.
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El caso refiere que los trabajadores del despacho de la congresista habrían dado parte de su sueldo para que se destine al pago de publicaciones en medios de comunicación del Cusco, a fin de mejorar su imagen.
A pesar que Katy Ugarte ha negado haber recibido estos pagos, en la denuncia del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se incluye datos sobre cómo la UIF detectó movimientos bancarios directamente a las cuentas de la congresista “de parte de su personal de confianza” en el Poder Legislativo.
Se menciona explícitamente el caso de dos trabajadores del Parlamento y se remarca que Ugarte Mamani “recibió sumas de dinero provenientes del recorte salarial indebido efectuado a los trabajadores de su despacho congresal”.
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