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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso remitió a la Oficialía Mayor de ese poder del Estado los informes de calificación de las denuncias constitucionales aprobadas contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por el caso ‘Vacunagate’.
A través del Oficio 152-2021-SCAC-CPO, se remitió el informe de calificación nro. 60, que abarca las acusaciones constitucionales 422 y 424, presentadas por las bancadas del Frepap y Nueva Constitución, respectivamente.
Asimismo, mediante el Oficio 151-2021-SCAC-CPO, se envió a la Oficialía Mayor el informe de calificación nro. 61, que acumula las denuncias constitucionales 423 y 427, presentadas por Nueva Constitución y el Partido Morado, respectivamente.
De este modo, ambos documentos deberán ser agendados en la Comisión Permanente, que deberá convocar a una sesión para la revisión respectiva de los informes recibidos contra el exmandatario y las exministras.
De aprobarlo, la comisión autorizará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales avanzar con las investigaciones contra Vizcarra, Mazzetti y Astete, y otorgará un plazo de 15 días para ello.
Los informes de calificación recogen las acusaciones contra Vizcarra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsificación de documentos, entre otros, así como la infracción de diversos artículos de la Constitución.
En los casos de Mazzetti y Astete, los documentos declaran procedentes las denuncias por los presuntos delitos de cohecho pasivo y concusión, así como la supuesta infracción de cinco artículos de la Carta Magna, pero señala como improcedentes las acusaciones de colusión y tráfico de influencias.
Las denuncias fueron presentadas luego que se conociera que el expresidente recibió vacunas de Sinopharm y que el Ejecutivo informara que, en total, fueron unas 487 personas que fueron favorecidas por estas dosis del laboratorio chino.
Al respecto, el presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), señaló que Martín Vizcarra podría ser sancionado con una inhabilitación de hasta 10 años para ejercer la función pública.