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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Arana, pidió que el Congreso de la República actúe de manera reflexiva ante la próxima votación en el pleno del informe de la Comisión de Justicia sobre la investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Sostuvo que desde el Ejecutivo son respetuosos tanto de la investigación que se realizó en la Comisión de Justicia del Parlamento, como de la decisión que tomará la representación nacional con relación al citado informe.
“Esperamos que el Congreso actúe como siempre de manera reflexiva y asumimos que, dentro de la separación de poderes, tendrá una decisión que en su momento la analizaremos y nos pronunciaremos como Gobierno”, señaló a RPP.
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De otro lado, el ministro Eduardo Arana expresó que desde el inicio de su gestión ha estado en permanente coordinación con la Policía y el Ministerio del Interior en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Asimismo, destacó el anuncio de un decreto de urgencia para fortalecer, mediante una transferencia de partidas, las unidades de flagrancia, realizado ayer tras la sesión del Consejo de Ministros.
“Nosotros en nuestro accionar estamos demostrando que nos importa la ciudadanía, dentro de la política que la señora presidenta Dina Boluarte ha señalado”, expresó el titular del Minjusdh.
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En ese sentido, expresó que “en ningún momento se ha tratado de responsabilizar a nadie que no sean los delincuentes” por delitos como la extorsión y que desde el Gobierno los están combatiendo.
Caso Alberto Otárola
Sobre la investigación al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por presuntas contrataciones irregulares, sostuvo que es respetuoso del trabajo del Ministerio Público y consideró que, de acuerdo con la explicación del jefe del Gabinete, no habría indicios para que esta pueda llegar a una denuncia.
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Minjus evaluará “Ley Soto”
Con relación a la llamada “Ley Soto”, que modifica los plazos para la prescripción de delitos, el ministro de Justicia señaló que desde su cartera van a evaluar la posibilidad de proponer cambios a la norma, como parte de la evaluación permanente que realizan de la legislación en materia de justicia.