Muertes en las protestas: denuncian que Fiscalía no citó a declarar a 27 familiares de las víctimas

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso ampliar hasta por ocho meses más la investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las muertes registradas en las protestas en contra de su gobierno.

La medida también alcanza a los ministros Jorge Chávez (Defensa) y Vicente Romero (Interior), así como a los exministros Pedro Angulo, César Cervantes y Víctor Rojas.

Precisamente, esta semana vencía el plazo de la investigación preliminar seguida contra la jefa de Estado y un grupo de ministros.

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Al respecto, el abogado de las víctimas que dejaron las protestas, Juan José Quispe, consideró que la disposición emitida por Benavides era “una situación que se veía venir” debido a que faltaba realizarse una serie de diligencias, sobre todo, citaciones e interrogatorios.

Esto, a pesar de que ya han transcurrido casi 10 meses desde que se dio inicio a la pesquisa. Es más, en setiembre pasado la indagación se amplió por 45 días más.

En ese sentido, denunció que el Ministerio Público no citó a declarar a los 27 familiares de los fallecidos en las manifestaciones, así como tampoco se convocó a los 241 heridos y otros 27 testigos, entre funcionarios y servidores públicos.

“Se veía venir por una situación bastante importante y que fue reconocida en la propia disposición fiscal, y es que se conoció que no declararon ninguno de los 241 heridos. Lo que se ha hecho es un balance de quienes han podido declarar y quienes no lo hicieron. Los 27 familiares de las víctimas de homicidio calificado tampoco han declarado, así como 27 testigos, entre funcionarios y servidores públicos”, cuestionó en diálogo con radio Exitosa.

El abogado también cuestionó la labor que viene realizando la Fiscalía frente a esta investigación, al considerar que van a “ritmo de tortuga”.

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“En la parte final de la disposición fiscal se pide recabar lo que pidieron hace tiempo a la Policía y al CC.FF.AA. Esto quiere decir que no han hecho absolutamente nada en ese aspecto y están pidiendo ocho meses más”, cuestionó.

Destaca la citación para ampliar la declaración de exministro y del jefe del CC.FF.AA.

En otro momento, Quispe destacó que la Fiscalía haya vuelto citar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.), Manuel Gómez de La Torre, y al exministro del Interior, César Cervantes, a fin de ampliar sus testimonios iniciales.

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Respecto a Gómez de la Torre, el abogado recordó que el militar dijo en su momento que Boluarte conocía sobre las acciones de las fuerzas del orden durante las protestas.

“Gómez de La Torre fue el primero en dar cuenta que la señora (Dina) Boluarte si tenía conocimiento, desde un inicio, de los muertos y heridos por versión de propios funcionarios del Estado y no a través de los medios de comunicación”, acotó tras precisar que el militar fue el primer testigo que desmintió la versión de la presidenta.

En cuanto a Cervantes, señaló que su declaración adicional ayudará a aclarar mejor el panorama y la presunta responsabilidad de la presidenta en la pesquisa.

“Este señor (César Cervantes) fue más explícito, él dijo: ‘Nosotros íbamos a Palacio de Gobierno y a la sede de Consejo de Ministros, donde informamos, junto con oficiales de las FF.AA. y de la PNP, lo que sucedía en las manifestaciones’”, apuntó.

A su juicio, estos dos testimonios confirmarían la tesis fiscal de que hay responsabilidad del Gobierno en este caso por omisión y desmentirían la versión de que Boluarte y sus ministros se enteraron de los hechos a través de los medios de comunicación.

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