Alejandro Muñante reiteró que el cierre del Congreso ordenado en el año 2019 fue completamente inconstitucional. Foto: archivo El Comercio
Alejandro Muñante reiteró que el cierre del Congreso ordenado en el año 2019 fue completamente inconstitucional. Foto: archivo El Comercio

Así lo decidió el tribunal al declarar fundada la demanda competencial planteada por el Parlamento contra el Ejecutivo respecto de la cuestión de confianza.

El TC también anuló el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 24 de noviembre del 2022, el cual establece que el rechazo de plano supone el rehusamiento o denegatoria de la cuestión de confianza.

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Tras conocerse esta noticia, el tercer vicepresidente del Parlamento, , anunció que alista una denuncia constitucional contra el expresidente por haber cerrado el Congreso el pasado 30 de setiembre del 2019.

Como se recuerda, el expresidente utilizó este argumento (denegación fáctica de la cuestión de confianza) para ordenar dicha medida y convocar a nuevas elecciones congresales.

“Hay que abrir el debate y estoy preparando la denuncia constitucional. Algunos dicen que no aplicaría (para su caso), pero no estamos hablando de una ley, sino de un acto de infracción constitucional. Solamente las leyes no se pueden aplicar con retroactividad”, indicó a los medios de comunicación.

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Para el también legislador de Renovación Popular, el cierre del Parlamento ordenado por Vizcarra, y en con la venia de su entonces premier , “fue un acto desdeñable e inconstitucional”.

“Este acto ha sido desdeñable contra la democracia y ya el Tribunal Constitucional ha resuelto que la denegación fáctica es contraria a la Constitución. Abramos el debate, la denuncia constitucional va a servir para eso”, apuntó.

Muñante agregó que la denuncia también alcanzaría a las personas que firmaron el Decreto Supremo 165-2019-PCM, el cual oficializaba el cierre de su institución. Además de Vizcarra, el documento es refrendado por , quien reemplazó a Del Solar en el cargo de primer ministro.

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“Es importante que todos vengan a comparecer ante la justicia. Nosotros ya sabíamos que esto era abiertamente inconstitucional, solo que no teníamos el instrumento legal y jurídico”, remarcó.

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