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Cinco partidos de la oposición denunciaron hoy a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por un supuesto intento de "compra de votos" de cara a la votación de mañana en la que se dirimirá si el juicio político en su contra avanza al Senado.
La denuncia fue presentada ante la Policía Federal por los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Demócratas (DEM), Popular Socialista (PPS), Laborista Brasileño (PTB) y Social Cristiano (PSC), según informaron portavoces de esos grupos.
Los opositores cuestionaron en la denuncia la legalidad de un hecho concreto, la firma de un decreto este viernes por medio del cual el Gobierno le cedió al estado de Amapá la titularidad del suelo de la mayoría de ese territorio amazónico.
Según los partidos opositores, la firma del decreto es un intento de convencer a los diputados de ese estado para que voten en contra de la destitución de Rousseff este domingo.
El diputado Pauderney Avelino, jefe del grupo parlamentario del DEM, afirmó en declaraciones a periodistas que las negociaciones irregulares para salvar al "gobierno moribundo" ocurren "a un ritmo alucinante y al margen de la ley".
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La oposición necesita de 342 votos, dos tercios de los 513 diputados, para conseguir que el proceso de destitución contra Rousseff llegue al Senado.
Si esto ocurre y si la Cámara alta admite a trámite el proceso, Rousseff será apartada del cargo durante los 180 días que durará el juicio político y será sustituida por el vicepresidente, Michel
Pero esta no sería la primera vez que Brasil vive un proceso de destitución. Existe un precedente en la historia de ese país: el de Fernando Collor de Melo (1990-92), el primer presidente elegido por sufragio universal después de la dictadura (1965-84).
Acusado de corrupción pasiva -se embolsó 6.5 millones de dólares en 33 meses de mandato, según una estimación de la época, Collor renunció justo antes de ser condenado por el Senado, el 30 de diciembre de 1992. La sentencia resultó en su inhabilitación política durante ocho años, aunque en 1994 su proceso por corrupción fue "archivado" por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Cumplido su alejamiento de Brasilia, el expresidente fue elegido senador por el estado de Alagoas (noreste) en 2006 y reelecto en 2014. Hoy, con 66 años, su nombre aparece en la lista de implicados en el escándalo de corrupción en Petrobras.
Si el motivo de la destitución era claro en el proceso de Collor, un político notoriamente enfangado en el fraude que generó un rechazo casi unánime, las acusaciones parecen más complejas en el caso de Rousseff, de 68 años.
Hasta ahora sin ninguna implicación judicial en la red corrupta destapada en la petrolera estatal y que ha alcanzado a su Partido de los Trabajadores (PT), así como otras muchas formaciones Rousseff, de 68 años, está acusada por la oposición de haber maquillado las cuentas públicas, un práctica que, según alega, ha sido utilizada por sus predecesores y por gobernantes de estados y municipios brasileños.
El gobierno niega además que se trate de operaciones encubiertas de crédito o que estuviesen bajo la responsabilidad directa de Rousseff, por lo cual, afirma, sería anticonstitucional apartarla del poder por esos motivos.
"Collor tenía la etiqueta de corrupto, Rousseff, no. Ella puede ser vista como incompetente, pero nadie piensa que se haya enriquecido personalmente", dijo a la AFP el profesor de Derecho Ivar Hartmann, de la Fundación Gentulio Vargas.
"Además, Collor no tenía un partido fuerte para apoyarle", en tanto que Dilma Rousseff, aunque sumamente impopular, cuenta con el respaldo del PT y sus aliados. "Pese a la desbandada que estamos viendo, tiene sus apoyos", subrayó Hartmann.
"El aislamiento de Collor se sentía en las calles, donde nadie le apoyaba", precisó. La multitudinaria movilización contra el mandatario fue conducida por los 'caras-pintadas', jóvenes que pedían su salida con el rostro pintado de verde y amarillo.
En el caso de Rousseff, ha sido necesario instalar un muro en la explanada de los ministerios de Brasilia para separar a los defensores y detractores del proceso de impeachment, antes del voto crucial del domingo. Buena parte de los artistas e intelectuales del país se oponen, además, a su destitución.