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El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) comunicaron que invitaron oficialmente a Pedro Vaca, relator especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a visitar el Perú debido a los “recientes atentados contra la libertad de expresión” en el país.
Según indica la carta difundida este miércoles, las instituciones de prensa cuentan que “desde finales del año pasado” los tres poderes del Estado peruano “han propuesto iniciativas que afectan el derecho de los peruanos a expresarse libremente y el de los periodistas a informar”.
Sobre el Ejecutivo, liderado por Pedro Castillo, indica que se ha “creado una narrativa de retórica inflamatoria que alimenta a otros sectores del aparato público”.
En caso del Legislativo, detallan que se intenta aumentar la pena de cárcel por difamación, además de establecer pena de cárcel para periodistas o funcionarios públicos que difundan la identidad y los contenidos de declaraciones de colaboradores eficaces, “un método que ha sido clave para exponer los más graves escándalos de corrupción de la historia reciente en el Perú”.
Respecto al Poder Judicial, lo sindican como “uno los principales frentes de agresión” debido a, entre otros, una condena por difamación en primera instancia contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel por el libro “Plata como cancha”.
Otra sentencia que lamentan es la dictada en primera instancia por difamación contra el periodista Denis Flores Díaz, por criticar asuntos de actos de corrupción en la Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto.
“Durante el 2021 los ataques a la libertad de expresión al interior del país, fuera de la capital, significaron casi el 50% del total (101 ataques de 206 registrados), en un año excepcional que concentró la actividad en Lima por las elecciones generales”, se lee en el documento.
Asimismo, remarca que un “peligro mayúsculo para el desarrollo de la liberta de expresión y las libertades informativas” es la falta de transparencia “en el manejo de los asuntos públicos” por parte del Gobierno liderado por el mandatario Pedro Castillo.
“Los problemas comenzaron con una juramentación del primer Gabinete a la que no se permitió el acceso a la prensa (...) con falta de rendición de cuentas en el nombramiento de altos funcionarios públicos y con un discurso tendiente a justificar la opacidad con ataques a la prensa”, concluyó.