PCM: “Hay compromisos por S/ 22 mil millones en mesas de diálogos”

El viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Paúl Caiguaray Pérez, afirmó que su despacho implementa un nuevo enfoque para sacar adelante los proyectos mineros y que obtengan su licencia social.

Así lo indicó durante su intervención en “Costos de la demora en inversión minera”, que forma parte del ciclo de conferencias rumbo a PERUMIN.

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Añadió que el Estado es el responsable de darle las condiciones necesarias a las empresas para que puedan operar. En ese sentido, manifestó que desde la PCM preparan un enfoque con la finalidad de prevenir los conflictos sociales y para que los proyectos que aún no tienen licencia social puedan adquirirla sin que el proceso se estanque.

El funcionario resaltó que en la PCM hay cientos de mesas de diálogo con S/22 mil millones en promesas para las comunidades, a las que hacen seguimiento. Ante ello, destacó que no solo se trata de que las empresas entreguen infraestructura, sino también propuestas de desarrollo que sean sostenibles en el tiempo.

“Desde la PCM hay la tarea dialogar con las comunidades, la sociedad civil, autoridades y empresas para retomar la confianza y revisar los compromisos. Debemos enfocarnos en un trabajo integral que genere competitividad y enfoque social”, aseveró.

Insistió en que es necesario tener sostenibilidad en el tiempo a nivel presupuestal, en relación con los acuerdos que alcanzan tanto empresa como Estado con las comunidades.

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“Queremos trabajar en acciones identificadas y no solo quedarnos en ideas. Tenemos que buscar solucionar a largo plazo”, puntualizó.

Seguimiento a compromisos

En otro momento, el viceministro señaló que en la PCM se está trabajando en el cambio de estructura de los GORE, a fin de hacer seguimiento a los compromisos que se llegan entre el Poder Ejecutivo con las regiones y municipios.

Indicó que hay un seguimiento permanente a los acuerdos. “¿Qué genera todo esto? Confianza”, expresó.

Finalmente, invocó a que el Estado trabaje de la mano con las empresas para cerrar las brechas sociales y cumplir con los distintos acuerdos a los que llegan con las comunidades de cada región del país.

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