Pedro Castillo: las políticas anticorrupción que propone en su plan de gobierno

En el plan de gobierno del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se considera que el principal causante de la corrupción en el país es el modelo económico neoliberal. Asimismo, se considera que este mal es la causa principal de la pobreza y subdesarrollo del país.

Sin embargo, en este documento plantea 14 propuestas para “reducir su incidencia”:

-Descentralización económica, fiscal y tributaria, para disminuir la corrupción gubernamental central. En la actualidad, critica, el gobierno central, en su política centralista sigue asignándose anualmente el 70% del presupuesto nacional, con lo cual solo queda un 30% para ser distribuido entre los gobiernos regionales y locales.

-Prohibir que los partidos políticos reciban financiamiento de campaña, excepto por parte de sus militantes. Según sostiene, los aportes por parte de empresas privadas se devuelven con creces mediante comisiones que salen del presupuesto de las obras públicas.

-Publicar los tratados de libre comercio (TLC) y contratos ley. El Estado debe crear una página web donde exponga estos acuerdos, para que la población los conozca y pueda vigilarlos. En el presente sucede que “además de ser ventajosos para las transnacionales y no poderse revisar sus cláusulas, se incumplen sus obligaciones contractuales, siendo un doble golpe al país”, sostiene.

-Establecer el carácter vinculante de la consulta previa a las comunidades. Es decir que antes de vulnerar su hábitat, se consultará a la comunidad y el resultado tendrá carácter vinculante, es decir de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, la empresa privada y la propia comunidad. Los derechos de las comunidades en la actualidad son violentados, señala, porque la corrupción permite que se creen o modifiquen las leyes y normas comunales, para obtener réditos económicos de esta manera.

-Defender la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, para evitar que esta medida sea derogada o tergiversado su espíritu. Por el contrario, se indica, solo debe modificarse para su perfeccionamiento. “Pero debemos tomar en cuenta que la misma puede ser utilizada como un elemento de persecución política, mientras tengamos un poder judicial neoliberal, para lo cual se tendría que tomar algunas precauciones”, añade.

-Reorganizar y descentralizar el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), pues las derrotas que sufre el Estado peruano en los arbitrajes frente al empresariado privado tienen su origen en el OSCE, señala el documento. Así, indica, en los arbitrajes no solo se da a los empresarios la razón injustamente, sino que además “se les indemniza con montos astronómicos, previo soborno y corrupción”.

-Simplificación administrativa en gestión pública, para reducir la burocracia que favorece la corrupción, se afirma en el plan de gobierno. “Cada eslabón actúa como una ‘garita’ de peaje para la burocracia corrupta. En cada paso administrativo se coimea, se crean tarifarios, se prestan al chantaje, se aceleran o dilatan los trámites ‘premiándose’ la agilidad”, se sostiene.

-Eliminar “sueldos dorados” del Estado. El contralor de la República debería liderar esta iniciativa, pero su sueldo duplica al del presidente de la República, lo que debe corregirse, además de ser eliminados todos los “sueldos dorados” en el sector público. “Se pagan altos sueldos a funcionarios públicos so pretexto de que ‘si están bien pagados no se van a corromper’, cuando este proceder es en realidad un soborno oficial y corruptor de conciencia a quien debiera administrar el Estado en base a valores”, manifiesta.

-Eliminar la inmunidad política, pues bajo este escudo se blinda a jueces supremos, fiscales supremos, vocales supremos, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo, el contralor de la República, directores del Banco Central de Reserva, entre otros, se señala. “Esta inmunidad en varias ocasiones ha sido un privilegio que buscan los corruptos para no ser juzgados ni arrestados”, agrega.

-Contraloría especial para empresas privadas. “Las empresas privadas son el principal elemento corruptor del Estado, bajo la premisa que ningún empresario hace fortuna con su dinero, sino con dinero ajeno, generalmente del Estado, por lo que debe crearse un ente contralor para fiscalizar el sector privado”, se explica.

-Abolir licitaciones internacionales escudadas por inmunidad diplomática, pues “este mecanismo fue creado para burlar y evadir la ley de contrataciones del Estado, la fiscalización, las obligaciones laborales, y el encausamiento jurídico, etc., de empresas que fungen de extranjeras, pero su personal operario es peruano”.

-Evitar que funcionarios se beneficien con leyes emitidas por su cartera. “Un ejemplo claro de este proceder corrupto se dio al crearse las AFP, donde varios funcionarios, incluyendo al ministro de Economía y Finanzas, crearon sus propias AFP. Cuando se hicieron los grandes proyectos de irrigación en la costa, los funcionarios, vía testaferros, compraron los terrenos que se beneficiaban directamente con dicho proyecto”, se explica en el plan.

-Policía autónoma del poder político. Los ascensos deben darse por méritos frente a crímenes resueltos y debe garantizarse a la Policía mayor autonomía frente al poder político, así como se debe fortalecer sus mecanismos de control institucional.

-Cambiar el sistema de concesiones del Estado “entregado a privados”. En opinión de Perú Libre, Proinversión es “un organismo perverso, encargado de vender al mejor postor las empresas, recursos estratégicos, bienes y servicios del Estado, sin previa consulta a los pueblos o en contra del deseo de estos, amparados en la Carta Magna fujimorista”.