Pedro OIaechea, presidente del disuelto Congreso. (Foto: GEC)
Pedro OIaechea, presidente del disuelto Congreso. (Foto: GEC)

El invocó al primer ministro, Vicente Zeballos, a ordenar a la Policía Nacional a permitir el ingreso de los miembros de dicho Legislativo, sus accesitarios y los trabajadores a la sede del Parlamento.

“Lo primero que quiero es invocar al primer ministro, al señor (Vicente) Zeballos, a que por favor deje ingresar a los trabajadores al Congreso, son 3,000 familias cuyo día a día depende de eso, que no saben si van a tener descuentos o no. Ya les he avisado a las autoridades policiales que deberían retirarse del Congreso, porque en el Congreso no puede haber nadie que no esté autorizado por el presidente del Congreso”, dijo en entrevista con Willax Televisión, al insistir en rechazar la disolución del Congreso.

Si bien el primer ministro señaló en una reciente entrevistalas autorizaciones para el ingreso a la sede, Olaechea aseguró que esto no se cumple.

“Señor Zeballos, Se está retrasando el trabajo administrativo en el Congreso. Dé usted una orden para que dejen entrar a los congresistas y a los accesitarios, que son parte del funcionamiento del Congreso. No mienta, señor Zeballos (con respecto a las autorizaciones de ingreso). Ya hemos enviado las listas (para el ingreso)”, añadió.

Por otro lado, Olaechea sostuvo que actualmente encabeza la Comisión Permanente por ser presidente del Congreso, cuya disolución considera inconstitucional.

“Se habla del presidente de la Comisión Permanente y esa posición no existe. Soy presidente de la Comisión Permanente en mi calidad de presidente del Congreso. Mal haría en desaparecer el puesto del presidente del Congreso, porque allí quedaría configurado el golpe. Que yo siga como presidente del Congreso garantiza, como dice (Jorge) Muñoz, que la crisis política es visible. Por eso podemos ir a la contienda competencial”, expresó.

El último miércoles, la Comisión Permanente aprobó solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica de la disolución del Congreso decidida por Vizcarra.