:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/KZFOLQT3ARFYBL3WJYO7LGOGAM.jpg)
El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso peruano controlado por la oposición y convocó a elecciones parlamentarias, en un intento por poner fin al estancamiento político por sus planes para erradicar la corrupción en el país andino.
La medida fue generalmente bien recibida por una población cansada de los escándalos de corrupción que se apoderaron de la clase política, con el Congreso entre las instituciones más desacreditadas del país. Sin embargo, los legisladores la calificaron de “golpe de estado”, suspendieron al presidente y juramentaron a la vicepresidente, Mercedes Aráoz, como la nueva líder. Los jefes de las fuerzas armadas de Perú y la policía prometieron su apoyo crucial a Vizcarra.
La inminente crisis constitucional podría pesar aún más en una economía que ya sufre por la incertidumbre política, y los analistas han recortado las previsiones de crecimiento para este año y el próximo. Los bonos peruanos lideraron las pérdidas de los mercados emergentes el martes, mientras que la moneda cayó.
Si bien América Latina está plagada de experiencias pasadas de líderes aferrados al poder que clausuran legislaturas, Vizcarra había estado presionando por exactamente lo contrario. Como sus propuestas para combatir la corrupción en los sistemas político y judicial no progresaron en el Congreso, sugirió elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas para 2020, diciendo que quería dar al país un nuevo comienzo.
Voto de confianza
Como los legisladores tampoco apoyaron esa idea, Vizcarra hizo un movimiento audaz, pidiendo un voto de confianza en su gabinete. La Constitución de Perú da derecho al presidente a disolver el Congreso unicameral si los diputados votan en contra de dos gabinetes. En septiembre de 2017, el entonces jefe de gabinete, Fernando Zavala, perdió un voto de confianza.
Pero los legisladores rechazaron su solicitud de un voto de confianza y, en cambio, procedieron a la elección de jueces para el tribunal superior del país, en un proceso que Vizcarra había denunciado carecía de legitimidad y transparencia.
La decisión de elegir el primero de seis nuevos jueces el lunes fue un rechazo de facto de la moción de confianza del gabinete, dijo Vizcarra en un discurso televisado, y agregó que estaba usando su derecho constitucional para disolver el Congreso. Llamó a la medida una “solución democrática” al estancamiento político de Perú.
Cuando la policía rodeó al Congreso, los legisladores de la oposición se negaron a irse. “Este es un golpe de estado y tenemos que decirle al mundo”, dijo el legislador opositor Jorge del Castillo en un video transmitido por la televisión estatal.
Cualquier acción del Congreso luego de su disolución es inválida, asegura Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal, un grupo de derechos con sede en Lima.
El Jefe del @CCFFAA_PERU y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente @MartinVizcarraC como Jefe Supremo de las FF.AA y PNP. pic.twitter.com/EvbF0XfEBf
— Presidencia Perú (@presidenciaperu) October 1, 2019
Escándalos de soborno
Perú se ha visto afectado por la agitación política desde las elecciones generales en el 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski logró imponerse en una segunda vuelta presidencial sobre Keiko Fujimori, quien ganó la mayoría en el Congreso. Como exvicepresidente, Vizcarra asumió el cargo hace aproximadamente 18 meses, después de que Kuczynski renunciara en vísperas de una votación de juicio político.
Los partidos de oposición han retrasado las reformas gubernamentales diseñadas para erradicar la corrupción. La defensa de la lucha contra la corrupción impulsó la popularidad de Vizcarra en un momento en que muchos partidos políticos y sus líderes están implicados en un escándalo de sobornos en todo el continente descubierto por la llamada investigación Lava Jato.
“El Congreso realmente merecía esta disolución”, asegura Rivera. “Es una decisión irreversible políticamente. Es un acto que debería marcar el final de una era en nuestro país y abrir una nueva y menos contaminada”.
Vizcarra pidió que se elija un nuevo congreso el 26 de enero y que un comité permanente de legisladores cumpla con los deberes legislativos hasta la votación.
En una entrevista el 25 de septiembre con Bloomberg News, Vizcarra dijo que el cierre del congreso era un escenario extremo y que la mejor opción era que la oposición respaldara su propuesta para una elección general anticipada el próximo año, a la que no se presentaría como candidato. Los legisladores rechazaron el proyecto de ley la semana pasada.
Vizcarra juramentó a su exministro de justicia, Vicente Zeballos, como jefe de gabinete para reemplazar a Salvador del Solar, después de que perdiera el voto de confianza el lunes. El ministro de Hacienda, Carlos Oliva, y el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, renunciaron, informó El Comercio.
El Congreso se encuentra entre las instituciones menos populares del país, con una calificación de desaprobación de 87%, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada el 29 de septiembre. El índice de aprobación de Vizcarra cayó de 47% a 40% en agosto, mientras que su índice de desaprobación fue de 52%.