Poder Judicial evaluará mañana demanda de amparo presentada por JNJ contra Congreso

El Poder Judicial evaluará mañana la demanda de amparo que presentaron los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a fin de anular el proceso que inició el Congreso para removerlos de sus cargos por presuntas causas graves.

Se tiene previsto que la audiencia pública, que estará a cargo de los jueces Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich, de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, inicie a las 8:45 a.m.

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Se convocó tanto a los abogados de los miembros de la JNJ como al procurador del Parlamento, a fin de que expongan sus posturas.

Como se recuerda, a fines de octubre esta sala judicial admitió a trámite el recurso presentado por la JNJ, precisamente una semana después de que la comisión de Justicia del Congreso aprobó su informe final que recomienda la remoción de los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, por una presunta falta grave.

A un día del debate de este documento en el Pleno del Congreso, el Poder Judicial aceptó, en parte, la medida cautelar presentada por estos siete magistrados y resolvió suspender provisionalmente el proceso de investigación que realiza el Congreso en contra de ellos.

Si bien en un inicio el Congreso acordó seguir adelante con el proceso, unas horas después el titular de este poder del Estado, Alejandro Soto, retrocedió y anunció la reprogramación de la votación del informe final “en estricto respeto al debido proceso”, aunque no dio una fecha.

En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación contra los jueces que acogieron la medida cautelar de la JNJ por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

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¿De qué se les acusa a los magistrados de la JNJ?

La comisión de Justicia, que presidente Janet Rivas (Perú Libre), encontró una falta grave en la actuación de estos siete magistrados en tres casos en concreto.

Estos son: por interpretar que la magistrada Inés Tello podía continuar en el cargo, pese a que había superado los 75 años de edad, por no haber cumplido con presentar un informe anual ante el Pleno del Congreso y por haber emitido un comunicado en el que piden reflexión al Parlamento frente al proceso de acusación constitucional que afrontaba la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Esto, a pesar de que en el preinforme, elaborado por los asesores y técnicos del grupo de trabajo, en sus conclusiones no se encontró causa grave en la actuación de estos magistrados en ninguno de los casos; sin embargo, a pedido de legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, entre otras bancadas, el documento fue modificado.

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