Poder Judicial rechaza pedido de Benavides para acceder a carpeta reservada de agente ‘Roberto’

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sufrió otro revés judicial. El Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos que presentó para acceder a la carpeta fiscal reservada del agente ‘Roberto’, un congresista que entregó al Ministerio Público los chats de WhatsApp que evidenciaban las coordinaciones entre el exasesor Jaime Villanueva y diversos legisladores.

Benavides, a través de este recurso, buscaba que le entreguen la disposición fiscal que autorizó nombrar a este agente y la resolución judicial que dispuso su actuación. En concreto, quería saber cuál era el objetivo y las actuaciones específicas de este legislador, toda vez que son el fundamento para el inicio de las investigaciones en su contra.

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Sin embargo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, determinó en su resolución que la fiscal suprema Delia Espinoza, a cargo de la investigación contra Benavides, les informó que dicho documento no forma parte de las actuaciones realizadas por su despacho.

En ese sentido, informó que esa información forma parte de la carpeta fiscal que maneja el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP). Añadió que para remitirle la información requerida se tiene que tramitar la autorización judicial correspondiente.

“Durante el debate quedó determinado que la Fiscalía Suprema contra la cual se plantea la tutela de derechos no cuenta con las actuaciones procesales requeridas por la defensa y, por ende, en modo alguno se restringe el derecho de la investigada para acceder al expediente fiscal o a la información y/o documentación que obre en el mismo”, se lee en el fallo.

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Se reserva la identidad de ‘Roberto’

En otro momento, el juzgado precisó que desde su designación el agente especial ‘Roberto’ “tiene protección, reserva de su identidad y el control policial a fin de coadyuvar a la indagación que inició EFICCOP”.

Recordó que la tutela de derechos procede cuando se aprecia una efectiva afectación de algún derecho, situación que no se advierte en la actuación de Espinoza, tal como alega Benavides.

“La citada Fiscalía Suprema no cuenta con la información y/o documentación requerida”, se reiteró en el texto.

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