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El exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, seguirá bajo mandato de prisión preventiva por el plazo de 36 meses. El Poder Judicial rechazó el pedido del abogado del exfuncionario, Humberto Abanto, a fin de que sea revisada la medida restrictiva dictada en contra de su patrocinado.
En su recurso, el abogado consideró que tanto la detención del exministro, como la orden de prisión preventiva dictada en su contra, son actos arbitrarios y cuestionó que desde el pasado 7 de diciembre del 2022 (día del golpe de Estado de Pedro Castillo) el Ministerio Público no haya informado sobre los elementos que corroboraron de los dichos de Salatiel Marrufo, exasesor de su cliente.
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Precisamente, Marrufo, quien se acogió a la colaboración eficaz, ratificó ante la Fiscalía y el Congreso la entrega de supuestos pagos irregulares que beneficiaron a Alvarado y al expresidente Pedro Castillo desde el sector Vivienda.
Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en su fallo contradijo la versión de Abanto al asegurar que desde que se impuso la prisión preventiva al exministro, el pasado 31 de marzo del 2023, se realizaron diversos actos de investigación y que, con el paso de los meses, la intensidad de los elementos de convicción sigue siendo elevado y se han consolidado, según informó el diario El Comercio.
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Elementos de convicción contra Alvarado se mantienen
En ese sentido, determinó que todos los elementos de convicción contra Alvarado se mantienen, así como los peligros procesales y de fuga que validan su prisión preventiva, por lo que declaró infundada la demanda de Abanto.
De acuerdo a la tesis fiscal, Alvarado sería integrante de una presunta organización criminal liderada por Castillo y que habría estado enquistada en la empresa estatal Petroperú, así como en los sectores de Transportes (Provías Descentralizado) y Vivienda.
Además, habría formado parte del denominado “buró político” que asesoró a Castillo durante su gobierno para copar diversas instituciones del Estado y facilitar licitaciones y leyes que les permitieron el cobro de sobornos y favores ilícitos.
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