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La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sufrió un nuevo revés judicial. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó las dos tutelas de derecho que presentó en el marco de la investigación que pesa en su contra por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal, entre otros.
En su primer recurso, Benavides solicitó apartar a la fiscal suprema Delia Espinoza de la pesquisa que se realiza en su contra. En concreto, la suspendida fiscal buscaba que Espinoza devuelva la carpeta de su caso al despacho del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, a fin de que este dirija la investigación.
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Recordó que, de acuerdo con la Ley N°27399 (Ley que regula las investigaciones preliminares), el único competente para investigar a funcionarios con antejuicio o inmunidad, como ella, es el propio Villena.
Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley, en su resolución, le dio la razón a Espinoza y determinó que sí le correspondía hacerse cargo de la investigación que pesa contra Benavides.
El magistrado hizo hincapié en una resolución publicada por Villena, en el que se da cuenta que tanto él como el fiscal supremo Pablo Sánchez serían testigos en el presente caso, por lo que estarían obligados a excusarse de asumir la indagación.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria también rechazó otra tutela de derecho presentada por Benavides en la que pedía excluir de la carpeta del caso todos los actos de investigación realizados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), así como buscaba invalidar los chats entregados a la Fiscalía por un congresista, conocido como el agente especial ‘Roberto’.
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Presentan denuncia contra Espinoza
A la fiscal suprema se le atribuye los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. Además, se le acusa de haber cometido infracción de los artículos 39, 51, 99 y 159 de la Constitución.
En ese sentido, se pide que Espinoza sea destituida e inhabilitada en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
Los congresistas afirman que la fiscal suprema no tiene competencia para investigarlos y que solo el fiscal de la Nación puede realizar esta medida.
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