Poder Judicial reprograma audiencia de prisión preventiva contra Goray y Fernandini

A pedido de la defensa de Sada Goray, el Poder Judicial reprogramó la audiencia en donde se evaluará el pedido de prisión preventiva, por un plazo de 36 meses, en contra de la empresaria, el periodista Mauricio Fernandini y otras tres personas más en el marco del caso Marka Group.

El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior, dispuso que la nueva audiencia se lleve a cabo este jueves, a las 10:00 a.m.

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Durante su intervención, José Orrego, abogado de Goray, pidió al magistrado que se reprograme la audiencia al señalar que recién ayer fueron notificados del requerimiento fiscal en contra de su patrocinada y que este contiene más de 200 anexos y folios, lo que deben ser revisados con minuciosidad.

El abogado de Fernandini, Gino Dagnino, también apoyó la solicitud al señalar que debería haber un plazo razonable para leer todo el documento fiscal y armar bien sus defensas.

Al ser consultado por el juez, el representante de la Fiscalía no se opuso a la demanda. Solo cuestionó que hoy en la audiencia se haya presentado a Orrego como abogado de Goray, pese a que ya habían sido acreditado a otro grupo de defensores para ese cargo.

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De acuerdo a la hipótesis fiscal, entre setiembre del 2021 y junio del 2022 la empresaria realizó pagos ilícitos por un total de S/5.4 millones a la organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo. Dicha entrega de sobornos se habría realizado en 11 armadas a lo largo de todos esos meses, según reveló el exasesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo.

Esto, a pesar de que Goray solo había reconocido haber entregado S/4 millones a Marrufo.

Con dicho dinero, Goray logró designar a personas de su entera confianza en puestos claves en el Fondo Mivivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y Sedapal.

En lo que respecta a Fernandini, la Fiscalía sospecha que este habría incurrido en actos de conversión y ocultamiento al haber introducido al sistema financiero el dinero (US$ 80,000) que le dio Goray y al haber adquirido un departamento. Estos bienes tendrían un origen ilícito por estar relacionados a actos de colusión agravada en el Fondo Mivivienda.

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