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La Representación de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que el Estado peruano actúa conforme a sus obligaciones y parámetros, en respuesta al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la investigación sumaria que se le sigue a la Junta Nacional de Justicia en el Parlamento.
De acuerdo a la representación de Perú ante la OEA, “todos los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos deben actuar bajo esos parámetros y velar por que en el ejercicio de sus funciones se respeten las garantías del debido proceso”.
También señaló que se están respetando las garantías del debido proceso en la investigación, como los principios de derecho a la defensa, razonabilidad, legalidad, entre otros.
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“Se ha proporcionado información detallada a la CIDH sobre el desarrollo de la investigación a la JNJ en la Comisión de Justicia y Derechos Huamnos del Congreso”, se lee en el pronunciamiento.
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CIDH sobre investigación al JNJ
En la víspera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo sentir preocupación por la apertura de una investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Congreso tras aprobarse la moción de Orden del Día N°7565, que encarga a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria contra quienes integran la JNJ.
Al respecto, la CIDH advirtió sobre los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas. “Por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos de disciplinarios en conformidad con el derecho internacional”, dijo mediante un pronunciamiento.
Asimismo, la Comisión dijo que de considerar una eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú.
“Todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso. Ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos”, agregó.
Finalmente, la CIDH hace el pedido para que las personas operadoras “sean juzgadas por un juez competente, independiente e imparcial, asegurando en todo momento el derecho de defensa”.