Conflictos socioambientales tardan casi un año en resolverse.
Conflictos socioambientales tardan casi un año en resolverse.

¿Cuánto demora resolver un conflicto social a través del diálogo? La Defensoría del Pueblo reveló que en promedio toma 260 días. Este periodo comprende desde la instalación de una mesa entre los actores involucrados y la suscripción de un acta con acuerdos.

No obstante, el mismo estudio de la Defensoría revela que el plazo se extiende a 355 días en promedio cuando se trata de conflictos socioambientales. “Se trata de los casos más complejos, por la multiplicidad de actores, los temores ambientales y las expectativas económicas, las diversas visiones del desarrollo”, reza el informe.

En este momento hay 79 conflictos en proceso de diálogo. De esta cifra 72 ya tienen mesas instaladas y los otros siete casos se encuentran en reuniones preparatorias.

Unos llegan, otros se van
También se mencionó que cada año surgen en promedio 74 casos nuevos. Sin embargo, solo se resuelven 31. Es decir, menos de la mitad.

“La actual cifra de conflictos no es alarmante (...) el problema para el Estado radica en la acumulación de casos no resueltos que vienen de años anteriores”, añade el documento.

Qué pasa en las regiones
En los gobiernos regionales la situación es preocupante, sostiene la Defensoría. A renglón seguido añade que solo siete regiones (28%) tienen en la actualidad oficinas de gestión de conflictos creadas y en funcionamiento.

Señalan que hay casos como los socioambientales vinculados a mediana y gran minería, que se desarrollan en sus jurisdicciones y que requieren de su intervención.

Su conocimiento de las realidades locales y de sus contextos es de mucha utilidad para la gestión de los conflictos, pero es poca su intervención.

Problemas electorales
Durante las elecciones regionales y municipales 2018, la Defensoría reportó 67 hechos de violencia en 55 localidades, de los cuales la mayor cantidad (23.9%) fueron bloqueos de accesos al local de votación.

El 19.4% correspondió a destrucción o pérdida de material electoral, el 14.9% fueron atentados contra la propiedad pública o privada y el 14.3%, enfrentamientos entre militantes de organizaciones políticas y contra la Policía. También se reportaron ingresos violentos o tomas de locales de votación (10.4%), retención de personal electoral (9%), plantones (9%), agresión al personal electoral (1.5%) y bloqueos de vía (1.5%).

Hubo hechos de violencia en un total de 16 departamentos. Donde mayores incidencias se registraron fueron Huánuco (10), Amazonas (6), Áncash (6), Cajamarca (6) y La Libertad (6).

Estos acontecimientos tuvieron como causas la percepción de irregularidades en el proceso electoral (65.5% del total), la percepción de votos golondrinos (18.2%) y el cuestionamiento a los organismos electorales (9.1%).

Finalmente, se identificaron cuatro casos donde los simpatizantes y militantes de agrupaciones protagonizaron conatos durante el momento de sufragio (7.3%).