La ONPE fiscaliza el buen uso del financiamiento público directo por parte de los partidos políticos. (Foto: Difusión)
La ONPE fiscaliza el buen uso del financiamiento público directo por parte de los partidos políticos. (Foto: Difusión)

La Asociación Civil Vigilancia Ciudadana reveló en un informe una serie de irregularidades que habrían cometido los partidos políticos que están representados en el Congreso con el dinero que reciben del Estado por concepto de financiamiento público directo.

Dichas irregularidades se habrían cometido entre junio y diciembre del 2022.

“Son situaciones irregulares que nos llaman poderosamente la atención, que éticamente tienen muchos cuestionamientos y que, en algunos casos, podrían tener consecuencias legales. Tenemos el caso de partidos que le pagan a un solo proveedor casi un millón de soles o empresas que, aparentemente, se crean con fechas muy cercanas al desembolso del dinero”, señaló la directora ejecutiva de Vigilancia Ciudadana, , a RPP.

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La también exfuncionaria de la explicó que, incluso, han visitado algunas de las empresas que las agrupaciones consignan como proveedoras ante el organismo electoral y encontraron otros negocios operando.

“Estamos frente a situaciones sumamente delicadas porque este es un dinero que se le asigna a los partidos políticos como un voto de confianza y debería utilizarse para su propio fortalecimiento”, aseveró.

Los pagos a personas investigadas

y no solo son los partidos políticos que perciben más dinero del Estado por concepto de financiamiento público directo, sino también tienen en su filas a personas que vienen siendo investigadas en el Ministerio Público.

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De acuerdo al informe de Vigilancia Ciudadana, ambas agrupaciones hicieron pagos por un monto total de S/417,245.22 a personas con condenas o investigaciones fiscales en trámite con dinero del Estado.

En el caso de PL, se detectaron pagos a tres personas. Entre los años 2021 y 2021 se pagó S/ 20,486 a Luis Ramón Mori Celis por concepto de mantenimiento, limpieza y remodelación, así de instalación de nuevas redes de agua potable y cambio de gasfitería y llaves de paso.

Mori Celis es testigo en el proceso judicial seguido contra el fundador del partido, , por liderar una organización criminal y por lavado de activos.

Según la tesis del fiscal Richard Rojas Gómez, este habría realizado actos de ocultamiento de dinero presuntamente ilícito. Además, figura en conversaciones de coordinaciones virtuales de posibles contratos en el Gobierno Regional. En la pesquisa, se le califica como presunto testaferro.

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Otra de las personas investigadas a las que se le pagó dinero es Jimmy Darío Sarmiento Juli, quien es procesado por el presunto delito de usurpación agravada en agravio de la Cooperativa de Vivienda Viña del Mar, en la Tierra Prometida (Ica). En el año 2019 un Juzgado Penal Unipersonal ordenó que inicie un nuevo juicio oral en su contra.

Solo el año pasado se le pagó S/ 51,000 por concepto de servicio de coordinador de procesamiento y preparación de fichas de afiliación, asesoramiento legal, así como de coordinación y asistencia en el proceso de elecciones internas y coordinación de la escuela nacional política Perú Libre.

Finalmente, destaca el caso del mismo Cerrón, quien es investigado por presunto lavado de activos en el caso . Solo el año pasado recibió S/ 129,290.11 por concepto de gasto de funcionamiento ordinario del secretario general nacional de Perú Libre.

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El caso de Fuerza Popular

FP también hizo pago a tres personas que vienen siendo investigadas. Solo el año pasado se desembolsó S/ 53,350.740 a Pier Figari Mendoza por concepto de honorarios en calidad de asesor en formación, capacitación e investigación.

Figari Mendoza, quien es exintegrante del CEN de FP, se encuentra en calidad de investigado por el presunto delito de lavado de activos en el .

También se registran pagos a favor de Adriana Tarazona Martínez (S/.56,866.56) por el concepto de asistente de recursos humanos y de Carmela Paucará Paxi (S/ 106,251.81) por el concepto de coordinadora nacional de actividades.

La primera es investigada por presunto lavado de activos, mientras que la segunda, quien se desempeñó como secretaria de , está involucrada en el caso “Cócteles”.

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