Sada Goray y Mauricio Fernandini fueron trasladados a la carceleta del INPE

Este viernes la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini fueron trasladados a la carceleta del INPE, para ser clasificados a fin de determinar a qué penal irán a cumplir los 30 meses de prisión preventiva.

En la víspera, el juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó los 30 meses de prisión preventiva en su contra, por el caso Fondo Mivivienda (FMV) y las presuntas coimas entregadas al expresidente Pedro Castillo.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señaló que fue un proceso complejo en donde el juez tuvo que valorar “una cantidad ingente de pruebas” presentadas por el Ministerio Público.

“Ha sido un proceso complejo y tiene muchos folios a tratar. Además, el juez tiene la obligación, por la delicadeza del caso que va a resolver la privación de la libertad de cuatro personas, de revisar. Con respecto a este tema de las prisiones preventivas, no hay que perder de vista algo: el Ministerio Público es el que aporta a veces una ingente cantidad de pruebas que hacen que tengan que ser revisadas (...). En general, creo que este tema de las prisiones preventivas debería ser más rápido. Pero esta situación procesal y la cantidad de documentos obliga al juez a revisar y sustentar, porque no se puede dictar así nomás”, dijo en entrevista a RPP.

Los otros implicados

En el caso de los exdirectores del FMV, Pedro Arroyo y Roger Gavidia, el magistrado ordenó la misma medida de restricción, que culminará el 7 de enero de 2023. Tras la lectura de la resolución, los abogados de los cuatro investigados informaron que apelarán la decisión.

Durante la audiencia que se realizó este jueves 3 de agosto, el juez Justiniano determinó que los elementos de convicción referidos a Goray eran “atendibles”. Del mismo modo, el juez indicó que habían graves y fundados elementos de convicción para dictar la medida contra Fernandini.

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Asimismo, señaló que la empresaria no tiene un arraigo domiciliario, familiar ni laboral de calidad. Sumado a ello, aseguró que “tendría facilidades” para salir del país.

En cuanto a Mauricio Fernandini, el magistrado determinó que no tiene arraigo laboral y que existe riesgo de que obstaculice la investigación, en la medida de “destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar documentos de prueba respecto a los bienes con los que cuenta o contaba”.

El juez también precisó que los cuatro investigados cumplen con el requisito de la prisión preventiva en la medida de que la posible pena a recibir sea mayor a cuatro años. A Goray, Fernandini, Arroyo y Gavidia se les imputa colusión, lo cual dijo que se sancionan con al menos 15 años de prisión.

En ese sentido, el juez Raúl Justiniano puntualizó que los cuatro investigados cumplían con el peligro procesal para que se dicte la prisión preventiva.

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Tesis fiscal

El fiscal Freddy Niño fue el encargado de sustentar el pedido de prisión preventiva contra los investigados. Durante sus participaciones en las audiencias relató que, según el Ministerio Público, Goray encargó a Pilar Tijero buscar acercarse al gobierno de Castillo Terrones y para ello acudió a su primo, Mauricio Fernandini.

En ese sentido, señaló que el periodista se comunicó con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, quien le brindó el contacto del axasesor de dicho sector Salatiel Marrufo.

Además, el fiscal señaló que la empresaría habría pagado S/ 5,4 millones a funcionarios de la gestión pasada mediante Marrufo, con el propósito de que recomendados suyos sean contratados en el FMV, la Sunarp y la SBN.

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Desde el Ministerio Público también sostienen que Sada Goray se reunió con Marrufo y accedió a pagar S/ 4 millones para los mencionados nombramientos, que finalmente beneficiarían a su empresa Marka Group.

En relación a Fernandini, la tesis fiscal resalta que habría recibido S/ 150 mil y US$ 80 mil por haber facilitado la entrega del dinero en su departamente. De ese modo, sostiene que el periodista participó en las primeras cinco entregas de dinero de Goray y Marrufo por un total de S/ 3 millones, entre septiembre y diciembre del 2021.

Asimismo, el fiscal Niño atribuyó al comunicado haber tenido “pleno conocimiento” que el acuerdo ilícito entre los involucrados que atentaba contra el Estado.

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