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La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato solicitó incorporar a la constructora OAS como tercero civilmente responsable en el proceso por presunto lavado de activos contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
El procurador Jorge Ramírez remitió su solicitud la semana pasada al juez Jorge Chávez Tamariz del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción. El pedido se evaluará en audiencia este viernes.
Fuentes de Gestión indicaron que se busca incluir a OAS Matriz Brasil, OAS Sucursal Perú y Lamsac en el proceso para que paguen parte de una eventual reparación civil de manera solidaria, pues las empresas se habrían beneficiado de actos ilegales de funcionarios.
Precisamente, el Poder Judicial declaró fundado el pedido del procurador Jorge Ramírez para aumentar de US$ 8 millones a US$ 20 millones (S/ 66 millones) el pago de resarcimiento al Estado por este caso.
De ser admitida la solicitud, la defensa del Estado lograría incorporar a OAS en tres casos como tercero civil responsable y sería el segundo en el que esté incluido Lamsac, según fuentes de Gestión.
La Procuraduría ad hoc logró adjuntar a OAS en los procesos “Club de la Construcción” y Hospital Antonio Lorena del Cusco; mientras que Lamsac fue comprendida en el caso Línea Amarilla.
¿Qué pasa con el acuerdo con OAS?
El jefe del Equipo Especial, Rafael Vela, reveló que el acuerdo de colaboración eficaz con OAS está progresando. Dijo que los exejecutivos y la empresa están en dos procesos autónomos de delación premiada.
Sin embargo, ¿si se incluye a la brasileña en el caso Villarán, se perjudica el convenio? Fuentes de Gestión indicaron que eso no sucederá, ya que el pedido de la Procuraduría es para garantizar el eventual pago de reparación civil.
Las mismas fuentes señalaron que si se firma el convenio con OAS con la Fiscalía, la constructora podría negociar con la Procuraduría el pago del resarcimiento al Estado por hechos de corrupción en obras.
De esta manera, el eventual fallo judicial quedaría sin efecto y se aplicaría la cifra que el procurador y la empresa pacten en el convenio de colaboración eficaz.