Defensoría del Pueblo . (Foto: Andina)
Defensoría del Pueblo . (Foto: Andina)

Ante la radicalización de las medidas de fuerza en la provincia de Islay y la región Arequipa, debido al paro convocado por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), la Defensoría del Pueblo condenó los actos de violencia cometidos por algunos grupos de pobladores, y reitera su llamado a la calma.

Del mismo modo, expresó su preocupación por las consecuencias que esta situación tiene en la integridad física de las personas -sean estas civiles o policías-; en los niños y niñas cuyas labores escolares han sido suspendidas tanto en Islay como en Arequipa; y, en las atenciones des salud, actividades económicas, administrativas y de otra índole.

La Defensoría, a través de un comunicado hizo un llamado a las autoridades regionales y locales a interceder en favor del cese inmediato de la violencia, teniendo en cuenta que respecto de la autorización de construcción de la mina Tía María existen procedimientos legales en curso.

Citó como ejemplo el recurso de revisión interpuesto por el Gobierno Regional y la Junta Usuarios del Valle de Tambo, así como la medida cautelar planteada por la Municipalidad Provincial de Islay. Corresponde esperar las respuestas oficiales.

Consecuencias

Del mismo modo la Defensoría señaló que los organizadores del paro deberán hacerse cargo de las consecuencias humanitarias que los bloqueos de vías de comunicación generan. “La interrupción del tránsito de vehículos viene poniendo en riesgo la seguridad y la salud de grupos de personas particularmente vulnerables como los menores de edad, adultos mayores, personas enfermas, mujeres gestantes. La protesta social no puede llegar al extremo de afectar los derechos de los demás”, apuntó.

Sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, autorizada pro el Ejecutivo, indicó que se deberá circunscribir al ámbito del terminal Portuario Matarani y, en todo momento, se sujetará a las disposiciones de la PNP.