Uruguay tuvo en cuenta más de 1,000 razones para rechazar el asilo de Alan García

“No le concedimos asilo político” fue la frase que usó el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, para poner fin al intento del ex mandatario de Perú, Alan García, de dejar el país, donde se le investiga por la justicia.

Alan García está siendo investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Vázquez explicó que la decisión del Gobierno se ampara estrictamente en argumentos jurídicos y legales, luego de un profundo análisis de documentos tanto de la normativa uruguaya como de material enviado por el gobierno de Perú, de los abogados y del propio García.

Según la Presidencia de Uruguay, el gobierno de Perú envió materiales con más de 1,000 hojas y recibió las cartas que presentaron los abogados y el propio García, lo cual fue evaluado por las autoridades charrúas.

Respecto a esos insumos, Vázquez indicó que ese material fue profundamente analizado en conjunto con el canciller, como lo establece la ley, con Jurídica de Cancillería y con el secretario y el prosecretario de Presidencia, considerando elementos jurídicos de otros autores, lo que derivó en la decisión de rechazar el asilo.

Asimismo, recordó que en Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado, y que el Poder Judicial es el que desarrolla las investigaciones de eventuales delitos económicos de García.

Consultado por medios informativos, Vázquez realizó un repaso cronológico de los hechos, y recordó que García solicitó hace unos 20 días asilo en la Embajada de Uruguay en Perú, y que en su momento, el embajador lo comunicó a la Cancillería e incluso dialogó con el mandatario uruguayo.

Acto seguido, según repasó, basado en condiciones estrictamente jurídicas analizadas con la inmediatez que requería la situación, se decidió otorgar el refugio solicitado por el ciudadano.

Fundamentando esta decisión, Vázquez leyó parte del Tratado de Derecho Internacional Público (Tomo II) del jurista Eduardo Giménez de Aréchaga.

Aclaró que fueron dejadas de lado otras comunicaciones de organización gubernamentales, de instituciones de derechos humanos, de dirigentes políticos e incluso "una catarata de llamadas" de medios internacionales.

Por su parte, el canciller uruguayo Rodolfo Nin explicó que Alan García se amparó en la Convención de Caracas para solicitar el asilo, de la cual dio cuenta en un fragmento.

En este contexto, el canciller aclaró que el gobierno uruguayo consideró que las investigaciones judiciales contra García no constituyen “persecución política”, y que se trata de imputaciones vinculadas mayoritariamente con hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de Perú.