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Ayer se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite, en marzo del año pasado, una demanda presentada por varias personas, entre ellas, el exministro y excongresista Javier Valle Riestra, en favor del fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos.
El recurso plantea que el cabecilla terrorista, recluido en la Base Naval del Callao, habría sido condenado sin respetar su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales. Además, se cuestiona que las condiciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal, algo que, según sostiene el documento, el Ministerio Público no investigó diligentemente.
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Como era de esperarse, esta noticia generó diversas reacciones. En el Congreso, Fuerza Popular rechazó la decisión adoptada por la CIDH y anunció que citarán al premier Alberto Otárola y al ministro de Justicia, Daniel Maurate, a fin de que informen las medidas que adoptarán.
Lo cierto es que el proceso ante dicho organismo internacional será de largo aliento y con varias etapas que deberá afrontar el Estado peruano.
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¿Cuáles son los pasos que seguirá el Estado peruano frente a la demanda?
Al respecto, el procurador adjunto especial supranacional, Carlos Llaja, explicó los pasos que seguirá el Estado peruano frente a la demanda.
Recordó que la defensa legal de Polay Campos presentó su petición en el año 2007; sin embargo, dijo que la CIDH recién la admitió en el 2021; es decir, el organismo se demoró más de 10 años en evaluarla.
“Estamos en la primera fase a nivel de la CIDH. Dentro de este organismo hay dos fases: una de admisibilidad, que ha concluido con el informe que estamos analizando, y uno de fondo”, señaló a Canal N.
El abogado explicó que lo que corresponde ahora es que los peticionarios (defensa de Polay Campos) emitan un informe con las observaciones de fondo al documento de la CIDH.
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“El Estado peruano tiene que esperar que se emita el informe por parte de la defensa legal de Polay Campos. Luego de ello, nosotros contamos con un plazo de cuatro meses, que se puede prorrogar por dos mas, seis meses en total, en los cuales nosotros vamos a observar no solo el informe de admisibilidad de la CIDH, sino también el escrito de la defensa legal del cabecilla terrorista. Hasta la fecha el Estado peruano no ha sido notificado con ese informe”, aseveró.
Llaja añadió que este tipo de casos en la CIDH suele demorar en resolverse entre 6 a 8 años. Respecto a la demanda en favor de Polay Campos, dijo que si finalmente la CIDH, tras analizar la respuesta de la defensa legal del terrorista y del Estado peruano, considera que se habría vulnerado un articulado de la Convención Americana deriva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a través de un informe de fondo con recomendaciones.
“Estas recomendaciones no son vinculantes, el Estado peruano puede cumplirlas o no cumplirlas. Si el Estado peruano no cumple (con acatar las recomendaciones) es que se somete el caso ante la Corte-IDH”, apuntó.
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Procuraduría ya cuenta con una estrategia y estructura de defensa
Pese a que el Estado peruano está a la espera del informe con las observaciones de los abogados de Polay Campos, Llaja remarcó que ya tenemos definida una estrategia de defensa frente a este caso; sin embargo evitó dar detalles por un tema de reserva.
“Si bien el Estado peruano está a la espera de ese documento, ya elaboró una estructura de defensa. Ya hemos solicitado información a los sectores desde el año 2022 y ya tenemos información, incluso, se está impulsando en sede interna un grupo de trabajo intersectorial”, acotó.
En la petición de los demandantes lo que se cuestiona, principalmente, son las condiciones carcelarias que Polay Campos, el tema legislativo antiterrorista y se pide que se haga una investigación respecto a una denuncia que presentó el fundador del MRTA por acciones en contra de su vida dentro de prisión.
“Respecto a casa uno de estos puntos, la Procuraduría ya tiene una estrategia, ya cuenta con la información de los sectores. Una vez que nos notifiquen, la Procuraduría corre traslado no solo a los sectores, sino también al ministro de Justicia y al procurador general del estado. En este momento tenemos mucha información”, afirmó.
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Finalmente, Llaja enfatizó que no todos los casos y peticiones que se presentan ante la CIDH logran llegar finalmente a la Corte-IDH, por lo que son archivados. En ese sentido, no descartó que esta demanda en favor de Polay Campos siga este mismo camino.
“En la actualidad nosotros hemos logrado que se archive casi el 40% de peticiones y casos. No porque llegues a la CIDH necesariamente vas a llegar a la Corte-IDH. La prognosis que tenemos de este caso va en esa misma línea”, enfatizó.
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¿Es posible que la CIDH anule la sentencia que recibió Polay Campos?
Como se recuerda, la Sala Penal Nacional en marzo del 2006 sentenció a Polay Campos como autor de los delitos de terrorismo, terrorismo agravado y falsificación de documentos. La pena que se le impuso fue de 32 años de cárcel y al pago de S/50 millones por concepto de reparación civil.
Dos años después, en marzo del 20028, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de nulidad de sentencia que interpuso la defensa legal del terrorista. El tribunal supremo no solo confirmó los presuntos delitos que se le atribuyen al sentenciado, sino que incrementó su pena a 35 años de prisión.
Al respecto, el representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, indicó en diálogo con RPP que no debe haber preocupación por esta demanda, al señalar que la CIDH no tiene la facultad de variar el plazo y las condiciones de la condena de Polay Campos.
“Ya en otras oportunidades la defensa de Polay Campos ha argumentado que las condiciones carcelarias no son acordes con los derechos humanos y le han dicho que no (...) pero nada va a alterar la condena por 35 años de Polay Campos”, señaló a RPP.
El funcionario explicó que lo que hará la CIDH es revisar si es que los argumentos presentados en la petición tienen o no un real sentido.
“Que lo hayan admitido significa que la Comisión considera que es importante discutir los temas de fondo. Para tal efecto se envía el informe de admisión a los defensores de Polay Campos, que tienen un plazo de cuatro a seis meses para presentar observaciones y posteriormente el Estado peruano debe ser notificado. Esto para que dentro del mismo plazo el Estado presente también sus observaciones”, apuntó.
Respecto a en cuánto tiempo la CIDH estaría revisando el tema de fondo y convocando a una audiencia con las partes, Adrianzén dijo que esto ocurriría probablemente a fines del primer semestre del próximo año (junio del 2024).
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