Yehude Simon estuvo presente en la instalación de la audiencia que fue suspendida hasta el viernes 6. (Foto: GEC)
Yehude Simon estuvo presente en la instalación de la audiencia que fue suspendida hasta el viernes 6. (Foto: GEC)

El Poder Judicial reprogramó para este viernes 6 de marzo a las 11 a.m. el inicio de la audiencia para evaluar el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Yehude Simon, exgobernador regional de Lambayeque, y Pablo Enrique Salazar, exgerente del proyecto Olmos.

La jueza de investigación preparatoria María de los Ángeles Álvarez atendió el pedido que plantearon los abogados de los dos investigados, quienes señalaron que no habían tenido tiempo suficiente para revisar nuevos elementos probatorios que recién fueron enviados a sus casillas electrónicas la noche del miércoles 4 de marzo.

“Para esta ampliación (del pedido de prisión preventiva) del Ministerio Público, nosotros no hemos podido revisar estos elementos de convicción, que son unos 50 elementos”, reclamó el abogado de Yehude Simon, Ander Galván Rivera.

El fiscal José Domingo Pérez, luego de escuchar la posición de los abogados de Simon Munaro y Salazar Torres, no mostró oposición a la solicitud, pero indicó que el plazo no debía ser más allá del viernes 6 de marzo, tanto por su agenda como por tratarse de dos investigados que cumplen un mandato de detención preliminar.

La magistrada luego de solicitar que el Ministerio Público separe los elementos probatorios en su requerimiento y tras dar por instalada la audiencia, estableció la nueva fecha para escuchar los argumentos de la fiscalía y los abogados defensores.

“Atendiendo a un plazo razonable, al tiempo que el representante del Ministerio Público presentara el listado (de pruebas individualizadas) y asimismo, en salvaguarda para que la privación de la libertad de los investigados no se extienda más allá, (suspendemos la fundamentación) para mañana viernes 6 de marzo”, concluyó la jueza.

Yehude Simon cumple una orden de detención preliminar como parte de la investigación en su contra por presuntamente haber sido beneficiado con un pago de unos US$300 mil en su campaña de reelección como gobernador regional de Lambayeque a cambio de favorecer a Odebrecht en el Proyecto Especial Olmos.