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Con 16 votos a favor y 4 abstenciones, la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó esta noche una iniciativa legislativa que busca reducir las causales de cierres temporales de los establecimientos comerciales, ejecutados por los municipios.
Se establece que en adelante la clausura temporal procederá solo cuando exista un peligro inminente para la vida, la salud o la propiedad de las personas, originado por el incumplimiento de las normas de seguridad en el establecimiento, y que no puedan ser subsanados en el acto de inspección.
Es decir, ya no se aplicarán clausuras temporales por faltas administrativas, como sí ocurre actualmente.
El predictamen fue elaborado en base al proyecto de ley N° 4952/2022-CR, presentado por el congresista Hernando Guerra-García, el cual ya había sido aprobado en el mes de junio en la Comisión de Constitución del Congreso (Gestión 23.06.2023).
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Tras la aprobación de la iniciativa legislativa en estas dos comisiones a las que ingresó, ahora el dictamen será visto en el Pleno del Congreso para su debate y aprobación final, indicó Alejandro Cavero (Avanza País), presidente de la Comisión de Descentralización.
El congresista subrayó que el proyecto busca evitar que por un incumplimiento de una norma administrativa menor, un local sea cerrado temporalmente. “Por ejemplo, que el incumplimiento de poner un cartel de no discriminación sea interpretado como una amenaza a la vida, y se ordene un cierre temporal; ahora se busca establecer un criterio razonable”, señaló Cavero durante la sesión de la citada comisión.
La iniciativa legislativa también establece que no procederá la clausura temporal por el vencimiento de la licencia de funcionamiento o si esta se encuentra en trámite. En este caso, y también para otras faltas administrativas, sí se aplicaría una multa al establecimiento, pero no su cierre, para evitar un impacto económico mayor.
La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de diversos gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), la Asociación de Bodegueros del Perú, la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú, la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, la Asociación Empresarial Gamarra Perú y la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería.
No obstante, los municipios se oponen a estos cambios, pues critican que se les reste facultades y advierten que se estaría promoviendo la informalidad.
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