Seguridad ciudadana: los hechos que marcaron la agenda del gobierno este 2023

La inseguridad ciudadana se convirtió en un verdadero problema para el Estado, ya que los peruanos se sienten “secuestrados” por la delincuencia. Hace solo tres meses, las cifras eran alarmantes: aumento del 50% de casos de extorsión y 215 víctimas de sicariato en Lima. ¿Qué hizo el gobierno? pidió facultades legislativas al Congreso para poner orden a su manera, ¿cómo? el “Plan Boluarte” que, muchos expertos dicen, nunca existió. Gestión en esta nota desarrolla el análisis.

El Ministerio del Interior, una de las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad nacional, nunca se había sentido tan inestable como ahora: cuatro ministros en un año.

Desde César Cervantes, que fue destituido por las muertes en protestas contra el gobierno, a Víctor Rojas que renunció ante presión del Congreso por justificar las muertes, pasando, recientemente, por el destituido Vicente Romero que perdió la batalla contra el crimen organizado y llegando a Víctor Torres que, hasta ahora, solo hizo un anuncio temerario “Tren de Aragua y Gallegos tienen los días contados”; deberá actuar ya, sino tendrá la misma suerte que sus antecesores.

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Pese al cambio del “liderazgo” en dicha cartera, el Ejecutivo buscó respuesta afuera, a un vecino de la región que, en ese momento, se había convertido en el país con menores índices de delincuencia en Latam: El Salvador de Bukele.

La mano dura de dicho país interesó al gobierno peruano ante el aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, el premier Alberto Otárola dijo que en el Perú “no habrá un plan Bukele, habrá un Plan Boluarte”.

En ese entonces, el ministro del Interior, Vicente Romero (quien fue censurado por el Congreso), precisó que el Plan Bukele era más agresivo contra la criminalidad y que el Plan Boluarte sería de corte preventivo y pensando en los más vulnerables.

Sin embargo, el plan tenía que esperar, ya que el Ejecutivo no tenía otra opción que volver a utilizar el mismo mecanismo de “suprimir derechos” que se usó para controlar la pandemia: el Estado de Emergencia.

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Estado de emergencia: ¿redujo la delincuencia?

Hace tres meses, el gobierno de Dina Boluarte declaró el Estado de Emergencia por 60 días en cuatro distritos de Lima (San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, Lince y Cercado de Lima) y siete de Sullana (Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa) para frenar el crimen organizado, principalmente al Tren de Aragua.

Dicha medida suspendió derechos fundamentales como la libertad de tránsito o de reunión a partir de la media noche. Pero, ¿Cuál fue el balance? En su momento la Policía Nacional de Perú (PNP) informó que en dichos distritos se realizó 9,538 operativos y fueron capturados 3,385 personas y se desarticularon 202 bandas criminales y se incautaron 80 armas de fuego, 22 granadas y 249 municiones.

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Sin embargo, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, negó que se haya reducido la delincuencia, incluso había declarado que estaba haciendo extorsionado por dichas bandas. Mientras que en San Juan de Lurigancho, pese al estado de emergencia, dos personas fallecieron en manos de sicarios.

Además, para los peruanos, el Estado de Emergencia no sirvió. Y es que el 94% señaló que no funciónó y no redujo la delincuencia, así lo indicó una encuesta realizada por Datum Internacional el mes pasado.

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Plan Boluarte: Ejecutivo quiere poner orden a su manera

En su mensaje a la Nación, Dina Boluarte pidió al Congreso facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, un mes después (agosto) el parlamento le da ese poder solo por 90 días.

Es decir, el “plan Boluarte” daba inicio, primero, con la expulsión de extranjeros ilegales.

Expulsión de extranjeros que cometan delitos

Ante el aumento de las bandas criminales transnacionales como el “Tren de Aragua” o “Los Gallegos” en la capital, el gobierno aprobó el decreto legislativo Nº 1582, que modifica el código penal, para permitir la expulsión de extranjeros que cometan delitos en flagrancia como el homicidio, secuestro, entre otros.

También, de aquellos que promuevan el traslado ilegal de dichos extranjeros, así como las sanciones a las empresas de transporte que brinden servicios a ilegales.

Expertos comentaron en su momento a Gestión que dicha medida era oportuna, ya que tenían que cumplir dos tercios de su condena aquí para luego salir del país. “No tiene ningún sentido expulsar a estos foráneos de manera inmediata (...) si es que lo botan antes, quizás lleguen a su país de origen y lo sueltan”, dijo Cluber Aliaga, ex ministro del Interior. Por su parte, el Defensor del Pueblo, cuestionó la medida, calificándolo de radical y que vulnera los derechos de muchas familias.

Efectos de la medida. Durante su presentación del V Informe de Avance de su Gestión, Boluarte informó que el Mininter había recibido más de 84,000 solicitudes de regularización de situación migratoria y más de 79,000 pedidos de amnistía. “Cientos de venezolanos estaban saliendo por el norte del país, por Tumbes”, dijo la jefa de Estado.

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20 años de cárcel por robo de celulares

Otro medida del Ejecutivo para combatir la inseguridad ciudadana, también modifica el código penal, esta vez las penas por el robo de celulares serán más duras.

Hace dos meses, el gobierno había aprobado el Decreto Legislativo 1578 que establece que el robo de celular será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 20 años. Incluso, puede llegar a 30 si el robo se comete con arma de fuego y/o explosivos; y cadena perpetua si el agraviado llegó a morir.

En su momento, Carlos Bruce, el alcalde de Surco, afirmó que endurecer las penas no ha demostrado reducir los delitos en el país, ni la pena de muerte tendría un impacto significativo en la disuasión de los criminales, ya que la probabilidad de que sean atrapado es baja.

De acuerdo con Osiptel, cada día los delincuentes roban más de 4,000 celulares.

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Deshacionamientos de los penales

Ya no hay espacio para los internos en los penales. En Gestión advertimos sobre la terrible cifra de hacinamiento: más de 93,000 internos que duplica la capacidad de albergue de dichos recintos (41,019). Además, en el penal del Callao, por ejemplo, la sobrepoblación supera el 500%.

Ante dicha situación, el gobierno reaccionó y decretó medidas para deshacinar los penales, así como la regulación de la vigilancia electrónica (uso de grilletes electrónicos).

Y es que la fórmula para reducir el número de presos en los centros penitenciarios sería el uso de grilletes electrónicos, ya que la medida establece que los procesados pueden estar en libertad usando dicho dispositivo de vigilancia. También, aplica a los que cumplen condena.

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Sin embargo, no es para todos, ya que no aplica en delitos como sicariato, trata de personas o terrorismo, ni que las pena sean superior a 6 o 10 años.

En su momento, los expertos en derecho penal y política penitenciaria respaldaron dicha medida, alegando que “por primera vez en la historia un juez tendrá una herramientas que les da un gran poder para evitar que el imputado o condenado ingrese a prisión”, dijo Carlos Caro.

Cabe resaltar, que no es la única medida que se ejecuta relacionado al deshacinamiento de penales. Gestión conversó en noviembre con el jefe del INPE y aseguró que en 2024 se creará 10 centros penitenciarios.

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Legítima defensa y terrorismo urbano

Aunque el Ejecutivo puso como prioridad la seguridad ciudadana en su agenda, desde los diferentes niveles de gobierno ya estaban diseñando medidas para reducir la criminalidad. Aunque, repetían la receta de endurecer las penas.

El Congreso había aprobado el proyecto de ley 5257/20222 CR, que exonera la responsabilidad penal en casos de legítima defensa, con el fin de proteger a la víctima de un robo o asalto a mano armada.

Sin embargo, en su momento, expertos cuestionaron la medida, alegando que no hay proporcionalidad en la norma, le quita competencias al juez y/o fiscal y fomenta la impunidad.

Desde el sillón municipal se presentaron medidas (también de corte normativo) para combatir la delincuencia. El más resaltante fue presentar un proyecto para incorporar en el Código penal el concepto de terrorismo urbano. Para la municipalidad de Lima., la extorsión o sicariato es terrorismo, en ese sentido, se buscó aumentar las penas a 20 años.

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De adentro hacia afuera: unidades de flagrancia y patrulleros

Si bien la mayoría de medidas relacionadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana fueron de carácter normativo, es decir, endurecimiento de penas o modificatoria del código penal, también hubo medidas ejecutoras u operativas.

Esta vez el órgano judicial toma la posta. Y es que dicho poder del gobierno ha venido instalando, desde agosto, unidades de flagrancia en 12 distritos de Lima, dichos centros permiten obtener sentencia en no más de 72 horas desde que se detiene a una persona en flagrante delito.

¿Cuáles fueron los resultados? El Poder Judicial resolvió 85% de denuncias ingresadas en las unidades de flagrancia. “De estos 1,100 casos, el Poder Judicial ha resuelto el 85% de ellas. Vale decir alrededor de 800 a 900 casos que han sido resueltos en tiempo bastante célere”, destacó la institución.

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En octubre, la presidenta Dina Boluarte anunció la entrega a la PNP, 150 camionetas para patrullar las calle de Lima y Callao, bajo la modalidad de renting y con fines preventivos. “Estas camionetas son para garantizar la tranquilidad que vienen exigiendo nuestros ciudadanos”, mencionó.

Sin embargo, dichas adquisiciones fueron cuestionadas desde principios de año, por irregularidades en el contrato con empresas que alquilaron las camionetas al gobierno, así lo reveló en su momento Punto Final. Otro reportaje también mostró que la PNP tiene más de 9,000 vehículos inoperativos debido a su mal estado.

En su momento, el general de la PNP, Jorge Angulo, pidió que su institución se declaré en emergencia por el desabastecimiento de patrulleros.

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Emboscada en Pataz

La última batalla contra el crimen organizado en el año. El sector minero fue una de las víctimas recientes de la inseguridad ciudadana. Y es que la minera de oro, Poderosa, sufrió un atentado en el socavón de su mina. dejando 9 muertos y 15 heridos. Gestión había advertido meses atrás sobre el avance del crimen transnacional en las regiones y que apuntaban al sector minero.

Ante dicha situación, el ministro del Interior, Victor Torres, se reunió con los representantes de la compañía minera para garantizar la seguridad de la zona, por lo que aseguró que se instalará una base de operaciones de la PNP cerca a la mina.

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Aciertos, desaciertos y puntos a mejorar

Para Enrique Castro Vargas, especialista y ex director de seguridad ciudadana del Miininter, el balance del gobierno en materia de seguridad ciudadana estuvo opacado por la demagogia punitiva, es decir, castigar a los criminales por demandas de la gente.

En ese sentido, aseguró que el Estado de Emergencia no fue un acierto del gobierno para reducir la criminalidad, pese a que el Mininter mostrará los saldos favorables en torno a capturas u operativo, ya que ha generado la expansión de delitos a otras zonas.

Endurecer penas: “apago el incendio echando gasolina”, así lo afirmó Castro refiriéndose a los decretos del Ejecutivo en el marco de sus facultades para legislar en seguridad. Al respecto, afirmó que es absurdo que el delito de lavado de activos tenga la misma pena que un robo de celular.

Sin embargo, rescató la importancia del sistema judicial para instalar unidades de flagrancia; es un acierto. “Lo que hace es facilitar el acceso y garantía de la justicia (...) hoy, en los penales, el 70% tiene sentencia y el 30% no la tiene, antes era al revés”.

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“No previene la delincuencia, sino, actúa después de haber cometido el delito”, dice Castro.

Respecto al aumento de patrulleros en la calles, dijo que se debería medir en función del tiempo de respuesta y qué tan descentralizado se encuentra dichos recursos.

¿Cuál es la prioridad? Para el especialista, la lucha contra la corrupción debe primar en la política de seguridad ciudadana. “No es posibles hacer cambios estructurales si no se hace un trabajo de anticorrupción en nuestro país”

Al cierre de esta nota, Boluarte presentó su balance en materia de seguridad ciudadana, donde resaltó que la PNP realizó más de 1 millón de operativos, logrando capturar a 66,000 requisitoriados y desarticular 168 organizaciones criminales. Además, se logró capturar a los cabecillas criminales del Tren de Aragua y Los Gallegos.

CLAVE:

• De acuerdo con el Ejecutivo, se aprobaron 36 normas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, en el marco de sus facultades otorgadas por el Congreso.
• Para el 2024, el Ejecutivo destinará más de S/ 16,000 millones en seguridad ciudadana.

SOBRE EL AUTOR

Edgar Velito Limaylla

Egresado en Periodismo en la Universidad de San Martin de Porres y estudios en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Tiene más de 2 años de experiencia profesional. Laboró en Diario El Gobierno como redactor de Economía. Desde el 2023 es parte de Gestión.