Seguro obligatorio para canes peligrosos ya existe, advierte Apeseg

El seguro obligatorio para canes peligrosos ya existe desde el 2001 cuando fue promulgada la ley que regula el régimen jurídico de canes, reglamentada el 2002 por el Ministerio de Salud, aclaró la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

Ello, a raíz del proyecto de ley presentado por el congresista de Fuerza Popular, Carlos Dominguez Herrera, para la creación del Seguro Obligatorio Para Canes Peligrosos (SOCAP), que sería obligatorio para todos los dueños de canes peligrosos.

La Apeseg recordó que, según el reglamento de la norma, los dueños de canes considerados peligrosos deben contratar un seguro de responsabilidad civil contra los daños que puedan ocasionar sus canes, como requisito para obtener su licencia de propiedad.

La cobertura del seguro es de carácter anual y el beneficio es para cada víctima.

Según el reglamento en su artículo 8, son considerados canes potencialmente peligrosos: “la raza canina, híbrido o cruce de ella con cualquier otra raza del American Pitbull Terrier, además todos aquellos que han sido adiestrados para peleas o que hayan participado en ellas, los que tengan antecedentes de agresividad contra las personas, así como los híbridos o cruces de diferentes razas que no puedan asegurar su sociabilidad, temperamento o carácter, se incluye aquellos adiestrados para incrementar y reforzar su agresividad”.

Para hacer efectivo este seguro, apenas producido el daño, el dueño del can deberá dar aviso por escrito a la aseguradora en forma inmediata, así como a la delegación policial más cercana, a fin de iniciar las investigaciones necesarias.

“Cabe mencionar que si bien la norma existe, resulta necesario agregar una modificación al reglamento, de manera tal que pueda precisarse el importe mínimo de la cobertura de responsabilidad civil, la que deberá ser suficiente para responder por los daños ocasionados” indicó el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón.

Asimismo, son las municipalidades provinciales y distritales, las encargadas de llevar un registro de estos canes y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los dueños de estas mascotas, a fin de que asuman su responsabilidad oportunamente, evitando que las víctimas queden abandonadas o teniendo que cubrir ellos mismos los gastos de su atención médica.