La UIF identificó que los criptoactivos estaban siendo usados como mecanismo para el lavado de activos.
La UIF identificó que los criptoactivos estaban siendo usados como mecanismo para el lavado de activos.
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El Gobierno incluyó a los exchanges de en la lista de sujetos obligados a las reglas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Así, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que realicen transferencias de activos virtuales o intercambio entre estos y monedas de curso legal, así como la custodia o provisión de servicios financieros vinculados con estos instrumentos digitales, deberán proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (), según el Decreto Supremo publicado en el Diario Oficial.

“Hasta antes de este decreto, las plataformas de intercambio de criptoactivos no estaban consideradas como sujetos obligados para la norma de , es decir, no podían designar un oficial de cumplimiento, ni acreditar que cuentan con un sistema de prevención, capacitar a sus trabajadores en la labor preventiva o reportar actividades sospechosas”, dijo Alvaro Castro, director de Sumara Hub Legal.

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Estos exchanges estaban expuestos, además de a una serie de actividades ilícitas, a que los les nieguen la apertura de cuentas o dispongan el cierre de estas bajo el argumento de que no contaban con un oficial de cumplimiento -que es una persona de contacto entre la empresa y el organismo supervisor y la UIF, comentó.

“Pero no era porque no querían sino porque esta obligación solo recae sobre los sujetos obligados por norma, lista a la que recién han sido incluidos los exchanges”, acotó.

Esta propuesta normativa fue presentada en setiembre de 2021, desde la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ante el . En ese entonces, la UIF identificó que los criptoactivos estaban siendo usados como mecanismo para el lavado de activos. Los casos encontrados en el país tenían como precedente el fraude proveniente de hackers internacionales o ciberdelincuentes en contra de jubilados de EE.UU. y Canadá, los cuales oscilaban entre US$ 20,000 y US$ 40,000 por estafas mediante correo electrónico, según informó Gestión a inicios de año.

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Castro precisó que la UIF deberá desarrollar la normativa complementaria para establecer, por ejemplo, el perfil del oficial de cumplimiento, obligaciones en materia de prevención, las capacitaciones, reportes de operaciones sospechosas, entre otros.

“Este es un gran paso porque ayudará en la adopción de los negocios de criptoactivos, y ahora ya habrá un marco normativo para que las plataformas de cripto puedan prevenir actividades de lavado (de activos)”, expresó.

SOBRE EL AUTOR

Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.


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