(Foto: GEC)
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La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) sostuvo que hasta seis municipalidades de distritos de clase media o alta imponen barreras burocráticas para evitar que se construyan viviendas sociales en estas localidades.

Según señaló Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, ciertas municipalidades se niegan a respetar la prelación de las normas, según la cual las de rango nacional priman por sobre las provinciales y estas sobre las distritales.

Por otro lado, consideró que en muchas de estas situaciones se impone una visión de residencialidad que resulta perjudicial incluso para los propios habitantes del distrito.

“Hay muchos alcaldes que creen que la solución para su comunidad es no construir y eso es un error porque lo único que logran es que la gente que vive allí, cuando tenga hijos y estos se casen, se van a ir vivir a otro lado. Esta idea de la residencialidad o de la inmovilidad del distrito también preside las decisiones de muchas autoridades. Hay un tema legal y un tema de visión urbana equivocados”, sostuvo Valdivia.

En algunos casos, señaló, las municipalidades demandan a los que aprobaron la licencia y también a los promotores.

Esta situación genera inestabilidad jurídica, lo que desalienta la inversión en el sector y por ende generaría una menor oferta, lo que a su vez ocasionaría un incremento de la informalidad.

“Lo que dicen es que las normas nacionales, los Decretos Supremos 010 o 012, que son los que han promovido la vivienda social, no se aplican en su localidad porque sus normas municipales están por encima de esta disposición. Entendemos que estas municipalidades quieren impedir que se construya vivienda social en distritos de clase media, lo que es hasta discriminatorio”, comentó Valdivia.

Entre estas municipalidades se encuentran las de Magdalena y San Isidro, advirtió el director ejecutivo de Capeco, y agregó que hay otras que se encuentran encaminadas a tomar decisiones similares.

“Tenemos mapeadas a otras municipalidades que, basadas en lo que está ocurriendo en otros distritos, quieren seguir ese ejemplo y están justamente en los procesos de aprobación (de las licencias), poniendo en discusión la validez de estas normas de promoción de la vivienda social”, comentó.

Frente a ello, el gremio pidió que se fortalezca la facultad del Ministerio de Vivienda para emitir opiniones vinculantes en lo que respecta a la emisión de licencias de construcción.

Así, los trámites burocráticos en las municipalidades han pasado a ser uno de los principales obstáculos para las empresas constructoras, de acuerdo con una encuesta realizada por Capeco (ver siguiente cuadro).


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