De acuerdo con la SBS y las AFP, entre los cinco primeros procesos se retiró un monto de S/ 65,942 millones. (Foto: Andina)
De acuerdo con la SBS y las AFP, entre los cinco primeros procesos se retiró un monto de S/ 65,942 millones. (Foto: Andina)

El último domingo 10 de julio, el Gobierno de Pedro Castillo promulgó la creación de una comisión multisectorial para crear propuestas de reforma del sistema de pensiones. Un detalle que llamó la atención es que no se convocó a representantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pese a que son los sistema provisionales más importantes del país.

En 2021 -refiere la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)- alrededor de un 18.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) aportó a una AFP, mientras que un 8.3% aportó a la ONP. Estos resultados evidencian que solo 1 de cada 4 trabajadores aporta para su jubilación. Por lo tanto, una gran cantidad de personas llegaría a la vejez sin una fuente de ingresos previsional.

Además, la decisión de participar o no en el sistema previsional está estrechamente relacionada con el nivel de ingresos.

En 2021, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), alrededor del 86.7% de trabajadores que pertenecen al primer quintil de ingresos (el 20% de trabajadores con ingresos más bajos de la población) no está afiliado a ningún sistema de pensiones.

Es decir, el sistema tiene problemas estructurales que lo hacen poco atractivo para un gran sector de la PEA. Para Comex la baja participación en un sistema previsional está asociada, por un lado, con factores estructurales del mercado laboral.

El 76.8% de la PEA tiene un trabajo informal, el cual se caracteriza por ser de bajos ingresos. Ante este escenario, es poco rentable para muchos trabajadores aportar a un sistema de pensiones”, afirma.

Mientras que el 37.8% de trabajadores es independiente y, por normativa, no están obligados a participar en el sistema. En ese sentido, se debe mejorar la oferta del sistema de pensiones peruano para adecuarlo a las necesidades del mercado laboral”, agregó.

Sostenibilidad

Con respecto a la sostenibilidad del gasto del sistema previsional, se lograron importantes avances en los últimos años. En conjunto, el gasto realizado por la ONP, AFP y Pensión 65 se redujo como parte del total de gasto social ejecutado por el Estado, refiere la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)

El sistema de la AFP ha resultado más eficiente y sostenible, debido a que se financia en su mayoría con los aportes y la rentabilidad generada, mientras que en la ONP el Estado debe cubrir las pensiones en caso de que los aportes recaudados no sean suficientes”, detalló.

Remarcó que desde que se inició la pandemia, la sostenibilidad del sistema de las AFP se ha visto perjudicada. Esto ocurrió principalmente a causa de los retiros realizados por los ciudadanos. Hasta el momento se realizaron seis procesos de retiros entre 2020 y 2022.

De acuerdo con la SBS y las AFP, entre los cinco primeros procesos se retiró un monto de S/ 65,942 millones. Esto, junto con la afectación en el sistema financiero, provocó que el fondo de pensiones de la AFP pase de S/ 176,123 millones en enero de 2020 a S/ 125,809 millones en mayo de 2022.

Pese a todo lo mencionado, la situación podría empeorar, dice Comex.

A inicios de junio, el congreso aprobó la “Ley que crea las pensiones mínimas y promueve los aportes voluntarios alternativos con fines previsionales”, la cual, según la SBS, podría dar pie a retiros que oscilan entre S/ 16,327 millones y S/ 28,797 millones.

Estos procesos de retiros desnaturalizan el objetivo inicial de las AFP: ser un sistema de pensiones para el retiro. El efecto será de largo plazo.

De acuerdo con la SBS, hasta diciembre de 2021, solo un 31% de afiliados no había realizado ningún retiro. Esto implica que un número importante de personas ha reducido sus ahorros para una pensión a futuro. En otros casos, probablemente, muchos retiraron todos sus fondos, lo que significará, más adelante, una carga fiscal adicional para el Estado.

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