Inacción del gobierno frente a toma de instalaciones petroleras daña inversión en la selva

De acuerdo al presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, solo con el conflicto en torno a los lotes 95 -operado por PetroTal- y 67 -operado por Perenco- se estarían dejando de vender cerca de US$ 20 millones al día en crudo, así como afectando cientos de puestos de trabajo. “Sin contar que en los últimos años se han perdido 30,000 empleos en la Amazonía por el cierre de operaciones petroleras”.

A mediados de noviembre, la Sociedad Peruana de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también estimó que Petroperú había dejado de percibir US$ 4 millones. Además, la empresa estatal anunció la evacuación de su personal de la Estación N° 1 ante la posibilidad de que el conflicto escale, como lo advirtió en su momento la Defensoría del Pueblo.

Lo más preocupante -según el análisis de Pedro Chira, vicepresidente de la Asociación Peruana de Profesionales de Hidrocarburos y Energía (APHE), es que la falta de atención oportuna a los conflictos sociales en los últimos diez años, por parte del Estado, ahora ponga en riesgo la seguridad energética en Perú, pues tras casi dos meses del denominado ‘paro amazónico’, se estaría acabando la capacidad de almacenamiento de las empresas petroleras, por lo que tendrían que parar operaciones en momentos en que el alza del precio internacional del crudo afecta el precio de combustibles en el país.

Justamente, PetroTal informó el último 25 de noviembre que evaluaba la paralización de sus operaciones en el Lote 95 si el paro no se levantaba en los próximos días.

“Los conflictos sociales de los últimos años son responsables en un 60% de que no se de la continuidad de inversiones en hidrocarburos que necesitamos en la selva, y la falta de decisión política para resolverlos y mantener un clima de paz. El resto está relacionado a los pasivos ambientales y la falta de la presencia del Estado para atender la demanda social”, sostuvo Chira.

Impacto en el oleoducto

El Oleoducto Norperuano (ONP) es vital para llevar el crudo pesado de la selva, próximamente, a la nueva Refinería de Talara que comenzaría operaciones en abril. De no garantizarse su seguridad y mantenimiento, el proyecto valorizado en más de US$ 6,000 millones no podrá operar.

Según Chira, el costo de mantenimiento del ONP bordeaba, en el 2019, los US$ 400,000 al año. Este presupuesto se usaba para medir la geometría interna de los tubos, detecciones de fisuras, ubicación y monitoreo de los puntos críticos -cerca a los ríos, por ejemplo-, entre otros. Pero con las paralizaciones y posibles ataques, el costo de mantenerlo sería mayor, por lo tanto, el costo del transporte de crudo que hoy se calcula en aproximadamente US$ 8 el barril, también subiría, en tanto, se reduciría el volumen transportado.

Así, si antes de los años ochenta el ONP transportaba cerca de 125,000 barriles al día -pese a que su diseño original era para transportar 200,000 barriles- “las últimas cifras es que bordeaba los 45,000 barriles por día del ramal norte y ramal 1″, dijo Chira.

Por ello, en el 2018 Petroperú comenzó a invertir S/ 180 millones para modernizar el oleoducto con una meta de trasladar 95,000 barriles al día, sin embargo, ante la falta de inversiones en el sector, sería más lejano alcanzar este propósito.

Diálogo dividido

El último viernes, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunciaba el inicio de una nueva etapa en la atención y solución de las demandas y necesidades de las comunidades indígenas del ámbito petrolero de Loreto, a través de Diálogos por el Desarrollo con las Comunidades Indígenas, en el que participaron representantes de Siete Pueblos, Trompeteros, Puinahua y Saramuro, de Loreto.

La SPH saludó este avance del diálogo y de recuperación de confianza con las comunidades. Cantuarias señaló que estimaban que en los próximos días se levantaría el paro, lo que permitiría que Petroperú realice los trabajo de mantenimiento correspondientes.

Sin embargo, las siete federaciones que participan del paro, y que integran la plataforma de pueblos afectados por la actividad petrolera, manifestaron que el diálogo con la PCM aún sigue pendiente y que están a la espera que a inicios de diciembre se concrete la llegada de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, a Loreto.

“El 8 de noviembre estuvieron representantes del Minem en Loreto y se comprometieron a que el 12 de noviembre saldría un decreto de urgencia aprobando proyectos de cierre de brechas inmediatos; hasta el 19 de noviembre debió salir el decreto de urgencia aprobando el fideicomiso indígena que hemos pedido y que, posteriormente tendríamos una reunión para atender la agenda en hidrocarburos, que consiste en renegociar los contratos petroleros y un fondo social en base al 2.5% de los barriles fiscalizados, así como la homologación del canon petrolero con la distribución que se hace en el norte del país, pero nada se ha cumplido”, señaló José Fachín, representante de la plataforma.

Indicó que lo único que buscan es que, a través de un análisis técnico, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Minem, expliquen si sus demandas son viables o no, pues respecto al fondo social del 2.5%, PetroTal en una carta anunció que comenzarán a hacerlo efectivo el 1 de enero del 2022.