Macroconsult analizó los decretos de urgencia en el campo económico y social

Refiere que hasta la fecha el gobierno ha emitido un total de 59 decretos de urgencia (DU): 44 durante 2019 y 15 en lo que va de 2020.

Entre los vinculados a temas económicos, ve un claro sesgo hacia los que buscan dinamizar la inversión pública (11), luego de que durante 2019 cayera algo menos de 2%, producto de la menor inversión de los gobiernos subnacionales (municipales y regionales).

“En respuesta directa a lo anterior, el gobierno emitió el DU N° 011-2019, dando incentivos a los gobiernos subnacionales para que ejecuten sus presupuestos”, indicó Macroconsult.

Además, se emitieron los DU N° 018-2019 y DU N° 003-2020 para facilitar la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que ha priorizado 62 obras, de las cuales 31 corresponden al sector transporte, y ha introducido nuevos mecanismos para su ejecución, como las oficinas de gestión de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, con el DU N° 040-2019 se da una serie de medidas extraordinarias para dinamizar la ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC). En ellas se incluyen los acuerdos gobierno a gobierno y el uso de las PMO, replicando la exitosa experiencia de los Juegos Panamericanos.

Para poner en marcha todo lo que el gobierno tiene previsto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó sus objetivos anuales de déficit fiscal. Si para 2021 se tenía previsto alcanzar un 1% del Producto Bruto Interno (PBI), ahora se tiene como objetivo un 1.8% del PBI, es decir, se adicionan más de S/ 5,500 millones para gasto, sobre todo de inversión, señaló la consultora.

En un segundo grupo de decretos de urgencia (ocho) se encuentran los vinculados a la promoción de algunas actividades, como la liquidez en el mercado de valores (DU N° 005-2019) para los fondos de inversión inmobiliarios (DU N° 009-2019), a la promoción de la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológicos (DU N° 010-2009), a la exploración minera y de hidrocarburos (DU N° 021-2019), al bono de chatarreo (DU N° 029-2019), a la ejecución de los proyectos de redes e infraestructura de telecomunicaciones (DU N° 041-2019), el que promueve el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), emprendimientos y start ups (DU N° 014-2020) y a la promoción de la actividad agraria (DU N° 043-2019).

“De hecho, este último mejoró las condiciones laborales de los trabajadores de ese sector, pero mantuvo la tasa de impuesto a la renta en 15%, lo que puede causar polémica al momento que el nuevo Congreso revise los DU”, advierte Macroconsult.

Con respecto a los vinculados a aspectos sociales, la consultora destaca dos: el primero, vinculado a mejorar la provisión de los medicamentos genéricos (DU N° 007-2019) y el segundo con respecto a aumentar la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS, DU N° 017-2019).

“Este último genera una gran preocupación, puesto que el SIS ya cubre a casi 15 millones de personas y parece poco probable que personas en situación de pobreza se encuentren fuera de esa cifra”, sostuvo Macroconsult.

A estos dos DU sociales se suman otros dos que buscan mejorar la sostenibilidad de EsSalud (DU N° 028-2019 y DU N° 037-2019), que adolece de serios problemas financieros.

Mediante el mecanismo de decretos de urgencia, el gobierno aprobó también el control previo de operaciones de concentración empresarial (DU N° 013-2019) luego de varios años de discusión con respecto a su diseño. “Este es un avance significativo que nos pone a la par de las mejores prácticas internacionales”, destacó la consultora.

Por último, el 23 de enero de este año, el gobierno emitió el DU N° 014-2020, que regula las disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público.

Macroconsult refiere que el MEF ha dejado claras las reglas bajo las cuales se podrá negociar, lo mismo que pasa porque exista disponibilidad de recursos y que no ocurran situaciones límite, como caída de ingresos fiscales o algún desastre natural.

“En el balance, los decretos de urgencia publicados por el Ejecutivo se encuentran en la línea correcta y, en varios casos, significan un avance significativo en nuestra legislación. Por tanto, el nuevo Congreso, que debe iniciar sus funciones en marzo, debería ratificarlos sin mayor inconveniente”, concluyó.