:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/D6FA7PP7SJAJRKM5KNRD2WHFAI.jpg)
Debido a la recesión económica que atraviesa el país, este año no habrá un aumento de la remuneración mínima vital (RMV), fijada actualmente en S/ 1,025. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que en el 2024 se pueda evaluar esta demanda social.
El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, señaló que, de acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, el producto bruto interno (PBI) debe recuperarse en el primer trimestre del siguiente año, por lo que pasada la recesión es probable que se retome el diálogo de la RMV.
En medio de esta “presión social” -que lo reconoce el Poder Ejecutivo-, Apoyo Consultoría sostuvo que ahora no es oportuno el incremento del salario mínimo, pero cuando se evalúe tiene que entrar en debate un detalle: que sea de manera diferenciada.
LEA TAMBIÉN: BCR: Empleo en sector privado creció 2.2% en agosto.
José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, indicó que tenemos un salario mínimo que rige para toda la comunidad, pero las realidades son muy distintas en regiones y sectores.
“Se debe plantear salarios mínimos diferenciados a nivel de sectores o regiones, para así poder regular el impacto de acuerdo con el salario medio de cada segmento”, remarcó.
En esa línea, Saavedra consideró que esta posible medida no sería discriminatoria y que un sueldo mínimo diferenciado no implica necesariamente tener niveles de vida distintos.
“Lo más discriminatorio es la diferencia entre los formales e informales que no tienen ningún tipo de protección. Otro comentario es que las diferencias salariales que se dan ya es un golpe de realidad al nivel de productividad. Creo que el reto es que así como se subiría el salario se debería tener incremento de productividad”, precisó a Gestión.
LEA TAMBIÉN: MEF ratifica que no habrá aumento del sueldo mínimo pese a “presión social”.
Un 2024 adecuado para evaluar
El representante de Apoyo Consultoría explicó que el ajuste debería darse siempre y cuando la economía no haya estado en recesión el último año (dos trimestres de caída del PBI) y no aumente el porcentaje empleados informales. También considerar variables fáciles de medir, como el producto laboral promedio y la inflación sin alimentos y energía.
Asimismo, Saavedra mencionó que se debe institucionalizar un horizonte cada dos años para generar predictibilidad en la revisión.
“El próximo año sería adecuado para evaluar. Creo que hay que darle más peso que antes al análisis del efecto que tiene un incremento de salario mínimo sobre la capacidad de acceder a un empleo formal de los trabajadores más vulnerables. Una discusión técnica se puede dar en el marco del Consejo Nacional de Trabajo”, expresó.
LEA TAMBIÉN: Nuevas leyes laborales preocupan a las empresas, ¿qué más los inquieta?
Por su parte, Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, señaló que la propuesta de que sea una remuneración mínima vital diferenciada se debería dar, sobre todo, en las microempresas, más que tamaño de región. “El mínimo vital está alejado del promedio del sueldo de la microempresa. Hay mucho distanciamiento”, refirió.
Agregó que poner más mínimo vital impacta a 200,000 o 250,000 trabajadores. “La gran mayoría o gana mucho, es irrelevante, o gana nada”, dijo.
Reducir costos laborales
Toyama indicó que el Perú es uno de los países con mayor rigidez laboral a nivel mundial, tanto así que cuando más grande es la empresa, se tiene mayores costos.
“Para la OCDE los costos laborales en Perú son uno de los más altos del mundo. La gran empresa tiene que pagar 47.5% por costos no salariales entre utilidades, asignación familiar y otros”, comentó.
“Eso, aunque en el Perú parezca normal, no es tan común en otros países. Por ejemplo, aquí se da la CTS en cualquier caso e indemnización por despido, en países funcionales se da un seguro de desempleo solo en despidos”, añadió. Bajo ese contexto, el abogado consideró que se deben bajar los costos laborales.
Además, sugirió que se podría evaluar el costo compartido del seguro social, como se realizaba hace años: un 3% pagaba el trabajador y 6% se encargaba la empresa.
:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/010e8f8b-5a3e-4e64-8090-ad58ed7353ea.png)
Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.