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Argentina acercó posiciones con buena parte de sus acreedores para lograr una reestructuración “sostenible” de un tramo de su deuda por unos US$ 66,000 millones bajo legislación extranjera, pero las diferencias con algunos tenedores de bonos se han agudizado.
El gobierno de Alberto Fernández confiaba en sellar un acuerdo esta semana, con la presentación de una “oferta final” el martes pasado. Sin embargo, las expectativas se desmoronaron y “seguirán negociando”.
“No hay oferta, la distancia con algunos bonistas es aún insostenible”, indicó una fuente de gobierno este miércoles, cuando faltan tan solo dos días para que venza el plazo fijado por el gobierno argentino para adherir al canje. “Es altamente improbable que (un acuerdo) se resuelva antes del viernes”, destacó.
Las negociaciones se han desarrollado hasta ahora bajo un acuerdo de confidencialidad, pero ese compromiso se terminó este miércoles por la tarde y no fue renovado.
En la noche, el Ministerio de Economía difundió un comunicado con la nueva propuesta a los bonistas, aclarando que no es aún una oferta formal: Argentina rebaja un año más el periodo de gracia (comenzaría a pagar en el 2021), reduce la quita de capital, y los vencimientos se hacen más cortos.
Los acreedores “respondieron a la información provista por Argentina proponiendo ajustes, descritos por separado, con los que Argentina no puede comprometerse de manera razonable, algunos de los cuales son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el FMI”, señaló el comunicado.
El país, uno de los principales exportadores de alimentos del mundo, se encuentra en recesión desde el 2018 y se prevé que su economía sufrirá aún más este año por efecto de la pandemia del nuevo coronavirus, con un estimado de caída del PBI de 6.5%.
BlackRock
El fondo BlackRock, uno de los principales tenedores de deuda argentina, es señalado como el más intransigente.
“Hay muchos grupos de bonistas que empiezan a indicar que BlackRock está con más ganas de litigar (ante la justicia de Nueva York) que de acordar”, dijo una fuente oficial.
En default desde el 22 de mayo, Argentina busca mejorar su oferta inicial, rechazada el 8 de mayo y que contemplaba tres años de gracia y una rebaja de 62% en intereses y 5.4% en el capital.
El gobierno propone una tasa de recuperación de los bonos no superior a US$ 50 por cada US$ 100 del valor facial e incluye un "endulzante": un cupón atado a las exportaciones agrícolas, según fuentes cercanas a las conversaciones.
“BlackRock ha mostrado su voluntad de negociar, negocia desde hace dos meses, lo que no quiere es aceptar una propuesta al 50 con un cupón a las exportaciones”, opinó Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.
La idea del cupón atado a las exportaciones tampoco fue bien recibida por el sector agropecuario del país, ya en alarma por el anuncio del gobierno de expropiar la agroexportadora Vicentin.
Un comunicado de la Mesa de Enlace, que reúne a la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina, advirtió que la medida generaría una señal "antiexportadora" y un impacto en las retenciones (impuestos a la exportación de productos agrícolas).
En su negociación, Argentina cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual tiene una deuda de US$ 44,000 millones. La deuda pública argentina totaliza unos US$ 324,000 millones, equivalentes a casi 90% de su Producto Bruto Interno.
En esta negociación hay bonos del 2005 y 2010, producto de una anterior reestructuración durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), y también nuevos títulos emitidos a partir del 2016, durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019).
Si los tiempos se alargan, otros bonos caerán en default. Hay vencimientos previstos para fines de junio, que contando el periodo de gracia podrían extenderse hasta fines de julio.
Para activar reclamos, 25% de los acreedores deben estar de acuerdo en ir a la justicia en Nueva York.
En ese caso aumentará aún más la incertidumbre y la desazón, en un país con una pobreza de 35% y una inflación que alcanzó el 53% en el 2019, una de las más altas del mundo.