¿Hasta cuándo la conflictividad social?

Al cierre de octubre de 2021, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se registraron 129 casos de conflictos socioambientales, de los cuales, 84 (65%) estuvieron relacionados con minería y 25 (20%) con hidrocarburos. Así, este año se llegaría a la mayor cantidad de conflictos registrados en la historia reciente.

Uno de los casos más emblemáticos es el del Oleoducto Norperuano (ONP), el cual está por cumplir 50 días sin operaciones por la toma violenta de sus instalaciones. Las manifestaciones por parte de las comunidades se han ido radicalizando, tanto así, que el pasado 18 de noviembre hubo una alerta de explosión en la estación 5 del oleoducto manejado por la estatal Petroperú.

Esta situación es preocupante porque no solo complica las actividades de transporte y comercialización de petróleo que, a setiembre de 2021, han permitido generar S/. 114 millones de soles de canon y sobrecanon para las regiones de Loreto y Ucayali; sino que, pone en riesgo la integridad de los pobladores y trabajadores ubicados en los puntos de manifestación.

Entre las principales razones de los conflictos, se encuentra la poca o nula percepción de las comunidades sobre los beneficios de la actividad extractiva, la cuestionable calidad y trazabilidad del gasto público por parte de los gobiernos subnacionales y la remediación de pasivos ambientales. Ello ha generado que la provisión de servicios públicos (educación, saneamiento, salud) no haya mejorado en décadas y que, por lo tanto, no se hayan visto mejoras significativas en la calidad de vida de las personas que conviven con la actividad extractiva.

En paralelo, un problema más profundo proviene del esquema de distribución del canon y sobrecanon de la Región Loreto (que no se actualiza desde 1985), lo cual deriva en una normativa obsoleta y con componentes discriminatorios. Ello se debe a que prioriza zonas densamente pobladas y no incorpora a las comunidades productoras que, por lo general, se encuentran en zonas menos accesibles. Por si fuera poco, la repartición del canon petrolero en la región Loreto no toma en cuenta criterios socioeconómicos o de vulnerabilidad como si lo hacen otras regiones petroleras y otras industrias.

Un primer paso para resolver este problema es la homologación del canon y sobrecanon petrolero a nivel nacional y la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en los capítulos correspondientes. Solo de esta manera se podrá garantizar el reconocimiento de los derechos de participación para las localidades productoras. A su vez, por la parte del gasto, estos recursos podrían ser utilizados en la ejecución proyectos que generen impacto social acorde con el Plan de Cierre de Brechas aprobado por el Gobierno a través del D.S. N° 145-2020-PCM.