Editorial: Séptimo retiro de fondos de AFP, un caso más de populismo parlamentario

Ayer, en un nuevo arranque de irresponsabilidad, la Comisión de Economía del Congreso aprobó, sin restricciones, el séptimo retiro de los fondos de las AFP. Lo hizo en sesión extraordinaria, tras separar el proyecto de reforma de pensiones de las propuestas de disposición de fondos.

Naturalmente, la iniciativa consiguió un abrumador respaldo en el grupo de trabajo. Sin embargo, de aprobarse en el Pleno, con ello se agrava la situación futura de un número importante de peruanos (se calcula que, tras esto, 9 de cada 10 afiliados se quedará sin un sol en sus cuentas) y se golpea a un sistema previsional cada vez más frágil.

LEA MÁS: El abandono de obras debería generar preocupación y vergüenza en las autoridades

Esta iniciativa solo puede ser calificada como una medida populista. Se argumenta que con ello se contribuiría a mejorar la economía familiar de quienes no la han pasado bien tras la recesión del último año. También que ello podría contribuir con la reactivación de la economía. Sin embargo, esa no sería la finalidad de los fondos previsionales que estarán disponibles.

Como reportamos en esta edición (páginas 2 y 3), el 40% del monto que podría retirarse iría a manos de personas de ingresos altos y el 65% del total, a afiliados que actualmente se encuentran trabajando.

Los retiros de los fondos de las AFP eran justificables hasta el 2021, por la crisis sanitaria que vivió el país a raíz del covid-19. Todo lo que ocurrió después de dicho año, tenía un fin distinto, más de beneficio político de quienes lo permitieron que de real apoyo a la economía de los peruanos.

LEA MÁS: Será clave dejar de crear exoneraciones tributarias

Cabe recordar, que en un momento se propuso que el séptimo retiro sea acotado, al limitarlo solo a los afiliados que, hasta el 31 de noviembre del 2023, no cuenten con acreditación de aportes por al menos seis meses consecutivos. Era esperable que el Parlamento retrocediera en este candado. Lo que sí resulta sorprendente es la pasividad con la que el ministro de Economía, José Arista, ha tomado la medida.

“No podría adelantar qué acciones se van a tomar [desde el Gobierno], porque la decisión no está en manos del Ejecutivo, sino en manos del Legislativo”, dijo ayer el titular del MEF. Antes, Arista había afirmado que la medida no era positiva. Esperemos que, de aquí al momento del debate en el Pleno, el Ejecutivo sea más explícito en comunicar los riesgos que ello implica. Es su deber.