Un mensaje de cifras, pero no de resultados

El presidente Pedro Castillo hizo su presentación este 28 de julio en el hemiciclo del Congreso de la República para dar su mensaje a la Nación, en una sesión accidentada, llena de expresiones de rechazo por parte de los presentes. Esto en medio de la compleja situación política que mantiene en la cuerda floja a su gestión por causa de las delicadas acusaciones de corrupción en su entorno cercano.

El mensaje ha sido colmado de cifras que han tratado de mostrar logros que en realidad han tenido poca materialización. Esto porque, salvo contadas excepciones, la gestión del Ejecutivo durante estos 365 días ha sido en mucho ineficiente. Por ello, básicamente ha buscado presentar un listado de acciones ejecutadas por los sectores durante todo este año de gobierno pero que contrastan con la ausencia de resultados visibles en la población. Por ejemplo, se ha destacado de manera central las medidas de exoneración del ISC sobre combustibles y del IGV sobre los alimentos. Sin embargo, diversos análisis han concluido que estas medidas no se han trasladado de manera importante sobre los consumidores y más bien han implicado transferencias de rentas hacia los agentes de las cadenas intermedias. También se ha destacado los esfuerzos para mejorar los salarios de los maestros que, si bien pueden entenderse como necesarios, entran en confrontación con las escasas acciones para recuperar aprendizajes que los estudiantes perdieron durante la pandemia.

En otros momentos abundaron promesas demagógicas de retórica rimbombante, pero de dudosa posibilidad de concreción. Como caso extremo, se ha ofrecido ampliar el monto otorgado por Pensión 65 hasta 400 soles bimensuales (desde 250 soles actuales) y ampliar la cobertura para que este programa incorpore de manera paulatina a adultos de 60 años de edad. Demás está decir que esta medida es onerosa, innecesaria y entra en conflicto con las reglas actuales de jubilación, por lo que probablemente no se concrete.

También hubo omisiones clamorosas de hechos acometidos por el gobierno, a veces en coordinación con el congreso, que amenazan fuertemente las instituciones y la productividad de largo plazo. Ejemplo de ello es que no hubo mención a las propuestas laborales recientes, que podrían rigidizar más el mercado de trabajo y muy probablemente impacten sobre la informalidad. Tampoco se ha reconocido los intentos de golpear la reforma universitaria a través de diversas medidas para debilitar SUNEDU, que podrían conducir a que las universidades de dudosa calidad recuperen influencia en la rectoría de la educación superior.

Por otro lado, el presidente Castillo se ha arrogado resultados sobre los que en realidad ha tenido poca contribución, como el incremento récord de los aportes por canon minero o la reducción de la pobreza en 2021 hasta 26%. Esto último, a pesar de las nulas acciones para revertir la urbanización de la pobreza observada en años recientes, que ha hecho que Lima Metropolitana sea el ámbito urbano con mayor pobreza en el país.

El panorama que se vislumbra en adelante, lamentablemente, es mucho más desalentador que lo mencionado por el presidente. Este año se espera, ciertamente, un crecimiento de la economía superior al 3%, pero esta tasa podría ser mayor si la inversión privada no fuera a estancarse o si la minería, sector sobre el que casi no menciones, recibiera atención más decidida para limitar la conflictividad social.

En la misma línea, el empleo, ciertamente, ha retornado a sus niveles pre pandemia. No obstante, esto ocurrió a costa de una recomposición de calidad que ha conducido a que el trabajo formal aún se encuentre 10% por debajo del 2019 y los salarios están rezagados en alrededor de 20%. A esto se añaden las pocas medidas efectivas para mitigar el aumento de precios en los segmentos de menores ingresos que podrían conducir a que la pobreza se incremente levemente. En Macroconsult estimamos que, si la crisis de alimentos y fertilizantes no se atienden efectivamente el 2022 cerrará con una tasa de pobreza monetaria superior a la de 2021. Más aún, es estadísticamente improbable que con los ritmos de crecimiento esperados por el propio MEF la tasa de pobreza retorne a los niveles pre pandemia en 2026.

En suma, el mensaje a la Nación no ha sido alentador, pero probablemente esto era lo esperado porque se corresponde con una gestión que ha estado marcada por elevados visos de precariedad, ha relegado la tecnocracia en el sector público, ha debilitado las instituciones y parece tener poca capacidad para gestionar los riesgos externos que el país enfrenta. En mucho, este podría considerarse, por ello, un año perdido.